La dura realidad fiscal: once municipios tucumanos cedieron el control de sus fondos a la Provincia

Una decena de comunas tucumanas se encuentran en una situación crítica, obligadas a entregar íntegramente su coparticipación a cambio de que el Gobierno de Osvaldo Jaldo garantice el pago de salarios. En lo que va del año, 16 municipios firmaron acuerdos de asistencia financiera con la Provincia, en un contexto de ajuste generalizado y caída de recursos. La medida, que pasó casi desapercibida, revela la profunda tensión en las cuentas públicas locales.

De los 16 acuerdos firmados en el primer semestre, 11 implican una cesión total de la coparticipación municipal. La Provincia, a través del Ministerio de Economía y Producción, se encarga entonces de administrar esos fondos, destinándolos principalmente a cubrir las planillas salariales. Las otras cinco comunas optaron por un convenio de asistencia financiera, que les permite solicitar auxilio en caso de déficits puntuales.

Sin embargo, desde la Casa de Gobierno admitieron un dato clave: los montos acordados no se actualizaron pese a la inflación galopante. Las asistencias se mantienen en los mismos niveles que el año pasado, lo que fuerza a las administraciones a realizar ajustes mes a mes para mantener los servicios básicos en funcionamiento.

¿Por qué la Provincia no puede ofrecer más?

El escenario económico provincial es extremadamente complejo. El Ejecutivo advierte sobre una caída simultánea en la coparticipación nacional y en la recaudación local, lo que complica todas las previsiones. Se estima que Tucumán recibió unos impactantes $44.000 millones menos en el primer bimestre del año, en comparación con el mismo período de 2025.

A este panorama se suman la inflación y la incertidumbre internacional derivada de conflictos bélicos, factores que presionan aún más las finanzas. El propio gobernador Osvaldo Jaldo fue contundente al explicar la postura: “Es imposible ofrecer un peso más, porque no lo tenemos y porque no vamos a ofrecer nada que no podamos pagar”.

Los municipios que firmaron y los compromisos que asumieron

A diferencia de gestiones anteriores, estos acuerdos se firmaron sin fotos ni anuncios públicos. Recién a fines de febrero, el Boletín Oficial dio a conocer los decretos del Ministerio de Economía que los habilitaron, firmados el 28 de enero.

Los municipios que suscribieron el Acuerdo Fiscal Municipal (cesión total de fondos) son: Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena.

Por otro lado, los que adhirieron al Acuerdo de Asistencia Financiera (ayuda ante déficits) son: Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas. Mientras tanto, San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacu continúan fuera de cualquier convenio de asistencia provincial.

Los montos específicos de cada asistencia no fueron divulgados. No obstante, fuentes de municipios del oeste tucumano indicaron que el presupuesto proyectado para los próximos seis meses es más ajustado, con una reducción estimada de entre el 12% y el 15% respecto del año pasado.

Las duras condiciones del “Pacto Fiscal”

El Acuerdo Fiscal Municipal no es un simple préstamo. Tiene una vigencia de seis meses y establece condiciones estrictas para los intendentes. Las asistencias son reintegrables y se garantizan con la afectación total de los recursos por Coparticipación Federal y el Fondo de Desarrollo del Interior.

Los municipios firmantes se comprometen a no tomar créditos con organismos nacionales o internacionales, a optimizar su recaudación tributaria y a reducir el gasto total. Además, se les prohíbe incrementar la planta de personal y deben abstenerse de iniciar o continuar cualquier acción legal contra la Provincia.

El caso de quien decidió salir

El Municipio de Concepción, gobernado por Alejandro Molinuevo, fue el último en abandonar el Acuerdo Fiscal en 2024. Su experiencia sirve como contracara. Molinuevo asegura que salir del pacto fue beneficioso: “Estamos bien. Somos autónomos y no tenemos que rogarle nada a nadie”.

Según su relato, el flujo de recursos hacia el municipio prácticamente se duplicó desde que dejaron el convenio. Molinuevo también confirmó que Concepción mantiene una demanda judicial contra la Provincia para que se avance en una nueva Ley de Coparticipación, al considerar que el esquema vigente es antiguo y distribuye los fondos de manera injusta.

Este panorama deja al descubierto la fragilidad financiera de gran parte de los municipios tucumanos y marca una relación de dependencia crítica con los fondos provinciales, en un año donde el ajuste parece ser la única moneda de cambio.