La diputada recibe un nuevo golpe judicial por sus publicaciones y la advertencia que dejó la abogada del gobernador

Un juez civil y comercial rechazó la solicitud de suspensión de una sentencia que obliga a la diputada nacional Soledad Molinuevo a borrar contenidos considerados agraviantes por el gobernador Osvaldo Jaldo. La decisión judicial ratifica una medida autosatisfactiva, aunque la apelación de la legisladora fue admitida, llevando el caso a un tribunal superior. La representante legal del mandatario advirtió sobre posibles consecuencias por desobediencia.

El juez Pedro Daniel Cagna, de la V Nominación en lo Civil y Comercial de la Capital, resolvió desestimar la petición de suspensión provisoria de los efectos de la sentencia recurrida. Con esta determinación, se mantiene la orden de eliminar los posteos y comentarios en redes sociales que Jaldo consideró ofensivos.

La diputada, patrocinada por el abogado Ricardo José Tomás Paz, anunció que agotará todas las instancias judiciales en esta disputa. Argumenta que está siendo objeto de censura y que no se vulneraron sus prerrogativas como miembro del Congreso de la Nación.

¿Qué pasará con la apelación?

El magistrado Cagna sí hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Molinuevo, formándose un nuevo incidente dentro del expediente. Esto significa que la cuestión será revisada por un tribunal superior, prolongando el conflicto legal.

Mientras tanto, Paula Morales Soria, la representante legal del gobernador en esta causa, subrayó que la diputada “tiene la obligación” de desactivar los comentarios agraviantes. Advirtió que, de no cumplir, Molinuevo podría incurrir “en una desobediencia judicial”.

Este es el segundo revés judicial para la diputada en la demanda iniciada por Jaldo. La disputa se centra en contenidos publicados en redes sociales, aunque los detalles específicos de los posteos no fueron revelados en la información disponible.

La situación pone de relieve tensiones entre figuras políticas a través de medios digitales. La apelación admitida sugiere que el caso podría extenderse, con posibles implicaciones para la libertad de expresión y los límites del discurso público en línea.