La deuda que pone en jaque a los hospitales públicos: ¿Quién pagará la factura de los abuelos?

Una crisis financiera en la obra social de jubilados está obligando a las provincias a absorber una demanda masiva de pacientes, saturando los sistemas públicos de salud y generando reclamos millonarios. Gobernadores de todo el país exigen el pago de deudas acumuladas que superan los miles de millones de pesos, mientras el PAMI asegura que la situación se está normalizando.

El conflicto estalló públicamente cuando dos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Martín Llaryora, reclamaron abiertamente en los últimos días. Se sumaron a un planteo que Neuquén ya había realizado el año pasado y que, según confirmaron desde la administración de Rolando Figueroa, sigue sin resolverse. La tensión entre las provincias y la Casa Rosada crece por minuto.

¿Por qué los hospitales públicos se están llenando?

El problema central es que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos provinciales, que empiezan a colapsar. La misma situación se repite a nivel municipal. “Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, declaró el lunes pasado Jaldo, recordando que la mayor obra social de la Argentina, con 5,4 millones de afiliados, le debe a su provincia $50.000 millones.

Llaryora fue igual de contundente: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”. En Córdoba, fuentes oficiales provinciales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios solo en medicamentos de alto costo. La provincia calcula que el PAMI le debe entre $1700 millones y $1800 millones mensuales desde octubre.

Un escenario que se repite en todo el país

En Santa Fe, Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Maximiliano Pullaro, señaló que “el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”.

En Misiones se visualiza un traslado masivo de pacientes que supera el 30%. En Neuquén la situación es aún más crítica: dos de cada tres beneficiarios del PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que tiene la obra social en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.

“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, afirmó el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez. Detalló que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI” y advirtió que esta situación está saturando los hospitales públicos.

¿Qué está pasando con los pagos?

Desde el PAMI, sin dar detalles específicos, indicaron que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”. No proporcionaron cifras exactas de cuánto dinero les había habilitado el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque se barajó que fueron $150.000 millones, lo que cubre apenas una parte de las necesidades.

Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social, intentó llevar tranquilidad: “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”. Aseguró que “quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”.

La crisis detrás de los números

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron 41,3%. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones.

“Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explica el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el instituto equivale a 1% del PBI. Este año, por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales.

Colina agrega que “hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional”. Precisa que, en países con obras sociales como Alemania u Holanda, el jubilado se queda en la misma entidad que lo cubría cuando estaba en actividad, que ya lo tiene proyectado actuarialmente a ese mayor gasto. “En la Argentina el sistema es perverso porque a los 65 años, las obras sociales se desentienden”, define.

Las voces de alerta

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, una crisis “de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Se lo avisé a las autoridades del PAMI. Íbamos viendo flaquear las prestaciones en el interior, donde abundan copagos, se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras, se atrasan internaciones y en los geriátricos la lista de espera es interminable. Está afectadas todas las prestaciones”.

Coincide con Colina y Graciela Ocaña, quien fuera directora del PAMI entre 2004 y 2007, en que la obra social ha sido, históricamente, “una caja de la política”. Ocaña apunta que de los problemas “no se sale con poca plata sino con estrategia”.

Los jubilados reclaman por esperas de meses para lograr estudios médicos o atención de especialistas y se quejan de los “cupos” que hay en la actualidad, tanto a nivel individual como de los prestadores. Desde el PAMI insisten en que hay “un endurecimiento de los controles porque se detectaron irregularidades y sobreprestaciones”.

El conflicto con los médicos de cabecera

En las últimas semanas, la obra social quedó en el centro de las noticias también por un paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos. El PAMI resolvió aumentar la cápita de $900 a $2100 pero eliminarle los adicionales con los que llegaban a unos $5500.

“Les asignan entre 800 y 1000 jubilados a cada profesional, una cantidad que no pueden atender. No deberían tener más de 300, pero entonces el instituto debería gastar más. Como no dispone de recursos, les da más pacientes. Una cifra imposible”, afirma Semino. Y agrega: “Cuando no tenemos médico de cabecera no tenemos entrada al sistema, porque son ellos los que deben derivar”.

En el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, tema que solicitan que se integre al informe de gestión que el 29 de este mes debe realizar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras tanto, las provincias siguen esperando que la Nación pague lo que debe.