La denuncia que buscaba tumbarlo: el concejal que quedó al descubierto

La Justicia resolvió desestimar la denuncia por violencia institucional, política y de género presentada contra el concejal de Yerba Buena, Walter “Kabuby” Aráoz, al concluir que no se reunieron pruebas suficientes para sostener la acusación. Tras conocerse el fallo, el edil fue contundente: “Fue una mentira inventada para ensuciarme”.

La causa había sido iniciada por la concejal Gabriela Garolera en un contexto de alta tensión política dentro del Concejo Deliberante, atravesado por el debate de un proyecto impulsado por la propia edil. La iniciativa proponía la creación de un programa municipal que establecía tests toxicológicos obligatorios para funcionarios, con controles periódicos, sorpresivos y la posibilidad de sanciones o remoción del cargo en caso de resultados positivos.

El conflicto que derivó en la denuncia se originó entre febrero y marzo de 2026, durante una reunión de labor parlamentaria. Según la presentación judicial, Garolera acusó a Aráoz de haber incurrido en malos tratos, intimidación y agresión verbal con el objetivo de frenar el avance del proyecto. Además, en su denuncia mencionó antecedentes de episodios similares y solicitó medidas de protección, incluyendo una restricción de acercamiento.

El caso tuvo una fuerte repercusión política e institucional en Yerba Buena, ya que se dio en paralelo a un escenario de división entre los concejales, con sectores que cuestionaban la iniciativa de controles toxicológicos y otros que la respaldaban. Incluso, el conflicto escaló al punto de generar pedidos de custodia para sesiones y denuncias públicas sobre el clima interno del cuerpo.

Sin embargo, tras analizar las pruebas y testimonios, la Justicia resolvió desestimar la denuncia. De acuerdo a lo expuesto por Aráoz, declaraciones de testigos —incluidas autoridades del Concejo— indicaron que no participó del intercambio denunciado.

El concejal sostuvo que el día del hecho llegó tarde a la reunión, saludó al presidente del cuerpo y se sentó en su banca, sin intervenir en la discusión que mantenía Garolera con otros ediles. “Yo no emití palabra alguna, no hubo contacto ni diálogo”, afirmó.

Tras el fallo, Aráoz insistió en que la acusación carecía de sustento y aseguró: “Fue una mentira inventada para ensuciarme”, al tiempo que vinculó la denuncia con el contexto político local y su rol dentro del Concejo.

En ese sentido, cuestionó el uso de denuncias de este tipo en el ámbito político y consideró que situaciones de este tipo afectan la institucionalidad y el funcionamiento del cuerpo deliberativo.

Por último, el edil confirmó que, tras el sobreseimiento, analiza junto a su equipo legal iniciar acciones civiles por daños y perjuicios, al considerar que la denuncia impactó en su imagen pública y trayectoria política.

De esta manera, la resolución judicial cierra el frente penal del caso, aunque el trasfondo político continúa vigente en el Concejo Deliberante de Yerba Buena, donde persisten las diferencias en torno a proyectos y al funcionamiento interno del cuerpo.