La defensa del principal acusado por el femicidio de Érika Álvarez plantea una hipótesis que involucra al narcotráfico internacional

La estrategia legal de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, introduce una polémica línea alternativa que vincula el caso con el crimen organizado transnacional, mencionando incluso a un presunto referente brasileño. El abogado defensor Marcelo Cosiansi argumenta que aún no hay certezas concluyentes sobre la muerte de la joven y que el expediente abre puertas a hipótesis no plenamente exploradas.

Según la acusación del fiscal Pedro Gallo, el crimen ocurrió el 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100. El cuerpo de la víctima fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. Además de Sosa, fueron imputados por encubrimiento Justina Gordillo —empleada judicial y entonces pareja del acusado—, Nicolás Navarro Flores, allegado de confianza, y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de una empresa vinculada a Sosa.

¿Qué revela la investigación sobre drogas?

La investigación muestra que el caso está marcado por el consumo y la circulación de estupefacientes. Tanto la víctima como el principal acusado enfrentaban problemas de adicción. En sus declaraciones, Gordillo y Navarro Flores señalaron que Sosa comercializaba cocaína y éxtasis. Navarro Flores incluso afirmó que, horas después del hecho, recibió de Sosa una piedra de cocaína y una caja con sustancias sintéticas.

En junio de 2023, durante una inspección judicial en un inmueble de Yerba Buena, se hallaron 162 plantas de cannabis —27 con cogollos—, cerca de medio kilo de flores de marihuana y equipamiento para producción y fraccionamiento. Aunque inicialmente se sobreseyó al considerar el cultivo con fines medicinales, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa resolución.

Otra línea conecta a Sosa con una organización desarticulada en 2024 por el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán, vinculada a fiestas electrónicas clandestinas donde se vendía éxtasis. Si bien Sosa no fue formalmente acusado en esa causa, surgieron indicios de que podría haber sido proveedor.

¿Qué plantea la defensa?

La defensa busca ampliar el foco investigativo. Los familiares de la víctima señalaron que Álvarez mantenía una relación con un hombre ligado al tráfico internacional de drogas, apodado “El Paraguayo” o “El Brasilero”, quien habría elegido Tucumán como lugar de resguardo. Posteriormente, fue identificado como Carlos “El Mayor” Ferreira, ciudadano paraguayo acusado de liderar una organización dedicada al transporte aéreo de marihuana.

Se confirmó que Ferreira fue detenido en 2021 en Juan Bautista Alberdi por orden de la Justicia Federal del Chaco, aunque no se precisó su situación procesal posterior. Según datos incorporados, habría regresado a Tucumán en 2023 y se habría instalado nuevamente en Alberdi, en medio de investigaciones por posibles conexiones narco con funcionarios.

La Policía realizó un seguimiento sobre este individuo tras ser mencionado en la causa y lo ubicó en la zona de Orán, en Salta, considerada un punto estratégico del narcotráfico. Al no reunir pruebas suficientes, no se avanzó con medidas judiciales en su contra.

¿Qué elemento sensible introduce la defensa?

Cosiansi advirtió que podría tratarse de otra persona con características similares, remarcando que al menos dos testimonios describen a un hombre con múltiples identidades, recursos económicos y vínculos con el narcotráfico, con fuerte presencia en el entorno de la víctima.

El punto más sensible de la hipótesis defensiva se vincula con la mención de un documento de identidad que, según una familiar de Álvarez, la joven le habría mostrado en vida y que llevaba el nombre de Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, considerado durante años uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica.

Según explicó el abogado, no se trata de un dato indirecto, sino de la referencia concreta a un DNI visto por la propia víctima. Da Rocha fue detenido en 2017 en Brasil y condenado a 50 años de prisión, lo que introduce un interrogante clave: si esa persona se encuentra efectivamente detenida, cómo se explica la aparición de su identidad en el expediente.

Para la defensa, este elemento abre dos posibles escenarios: o alguien utilizaba una identidad vinculada a uno de los principales jefes narco de la región, o bien no se profundizó una línea investigativa que podría resultar determinante para esclarecer el caso.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación, con múltiples aristas abiertas y un entramado que combina violencia, consumo de drogas y posibles conexiones con redes de narcotráfico de alcance regional.