La defensa de Justina Gordillo puso sobre la mesa nuevas pruebas, pero la fiscalía tiene un dato que podría cambiar todo

Un nuevo capítulo judicial en el caso del crimen de Érika Antonella Álvarez tuvo lugar esta semana, con un pedido de la defensa de Justina Gordillo para que su situación procesal sea revisada. Los abogados de la imputada solicitaron que continúe vinculada a la causa, pero en libertad o bajo arresto domiciliario, argumentando una disminución de los riesgos. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella se opusieron rotundamente, presentando nuevos elementos que, aseguran, complican aún más la posición de Gordillo. La decisión final quedará en manos del juez, quien se expedirá este viernes.

¿Qué argumenta la defensa para pedir un cambio de medida?

Justina Gordillo permanece detenida desde el 3 de enero, cuando el juez Bernardo L’Erario Babot hizo lugar al pedido de prisión preventiva del fiscal Pedro Gallo. Sus defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim, han presentado varios recursos para revertir la situación. Durante la audiencia, insistieron en que la investigación avanzó y descartó algunas hipótesis iniciales.

Uno de los puntos clave que destacaron fue la aclaración sobre una filmación que mostraba a una persona bajando de un Chevrolet Corsa cerca de la casa de Felipe “El Militar” Sosa la noche del crimen. La defensa explicó que se trataba de una joven visitando a un familiar del barrio, descartando así la participación de un cómplice o sospechoso prófugo.

Además, los letrados negaron que Gordillo hubiera estado con la víctima antes del hecho. Citando informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), precisaron que Érika Álvarez tomó un Uber desde su casa a las 3.37 y llegó al domicilio de Sosa a las 3.50. “Justina se retiró de ese domicilio a las 00.08, casi tres horas antes de la llegada de la víctima”, afirmó Abdala.

La teoría sobre la ocultación del cuerpo

Otro argumento central de la defensa fue refutar la idea de que Gordillo hubiera permanecido con el cuerpo sin vida. Según su exposición, un análisis de líneas telefónicas ubicó el celular de Felipe Sosa en el basural donde apareció el cadáver de Érika el 7 de enero a las 11.41. En ese momento, según registros, Justina Gordillo ya se encontraba trabajando en el Poder Judicial.

En base a esto, los defensores señalaron que la investigación apunta a que quien habría ayudado a Sosa a ocultar el cuerpo fue Nicolás Navarro Flores. También mencionaron que en las pruebas de ADN realizadas no se detectó el perfil genético de Gordillo y que su declaración contribuyó a las posteriores detenciones de Navarro y de Jorge “Chicho” Díaz. Por todo ello, solicitaron que se le conceda la libertad o el arresto domiciliario bajo caución.

La contundente oposición de la fiscalía y la querella

El fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia rechazaron de plano el planteo de la defensa y reclamaron que se mantenga la prisión preventiva. Si bien el fiscal reconoció que la pista del vehículo Corsa fue descartada, advirtió que la investigación está lejos de concluir y que quedan pruebas por producir.

El giro inesperado llegó con la revelación del análisis del celular de la propia Justina Gordillo. Gallo indicó que allí se detectaron conversaciones que demostrarían que la imputada sí conocía a la víctima, a quien se referían como “Anto”. Incluso, habría participado en diálogos vinculados a encuentros sexuales, lo que contradice directamente su declaración inicial ante la justicia.

Para agregar más peso a su postura, el fiscal reveló que el día del hecho se registraron 28 comunicaciones telefónicas entre Gordillo y Felipe Sosa. Entre ellas, hubo siete llamadas por WhatsApp realizadas en un lapso específico: entre las 7.32 y las 9.07 de la mañana.

Con estos nuevos elementos contradictorios sobre la mesa –los descargos de la defensa y las potenciales pruebas incriminatorias de la fiscalía–, el juez interviniente tiene ahora la compleja tarea de decidir el futuro procesal de Justina Gordillo. Deberá ponderar si los riesgos procesales efectivamente disminuyeron para acceder al pedido de la defensa, o si los datos aportados por la investigación justifican mantenerla tras las rejas mientras continúan las indagatorias.