La defensa de “El Militar” Sosa lanza una bomba sobre el caso Érika Álvarez: denuncian un juego sucio

Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez, encendieron una alarma institucional este martes. Denuncian un “desequilibrio procesal” grave, mientras su defendido enfrenta un régimen de aislamiento extremo que califican de “inhumano”. La situación pone en jaque la igualdad de armas en uno de los casos más sensibles de Tucumán.

¿Qué denuncian exactamente los defensores?

Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, los letrados de Sosa, emitieron un duro comunicado. Señalan que en los últimos días “se han difundido masivamente en distintos medios de comunicación declaraciones prestadas en sede fiscal por una persona actualmente imputada en el expediente”.

Remarcan que no se trata de comunicados oficiales, sino de “piezas procesales de una investigación en trámite que han sido difundidas selectivamente”. Mientras esa información fluye hacia la prensa, la defensa asegura enfrentar “restricciones materiales concretas para ejercer su función”.

El régimen de aislamiento que alarma a los abogados

El escrito describe con crudeza las condiciones de detención de Sosa. Según sus defensores, permanece en una celda individual dentro de un pabellón, aislado de otros internos. “Permanece 23 horas diarias dentro de esa celda. Desayuna solo. Almuerza solo. Merienda solo”, detallan.

Su única salida diaria se limita a unos 15 minutos, bajo un esquema de traslado denominado “formación diamante”, rodeado por personal penitenciario encapuchado. “No ve sus rostros. No existe intercambio humano”, agregan.

Un informe psicológico fechado el 23 de febrero de 2026, al momento de su elaboración, indicaba que Sosa llevaba cinco semanas bajo ese régimen. Los abogados subrayan que el propio documento lo describe como un “régimen de aislamiento social extremo”.

La salud del acusado y las restricciones a la defensa

Los letrados también hicieron referencia a la situación de salud de su asistido. “La problemática de consumo y adicción ha sido ratificada tanto por el informe psicológico de parte como por evaluaciones del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), incluyendo intervención psiquiátrica, así como por constancias del propio Servicio Penitenciario”, afirmaron.

Advierten que “el aislamiento prolongado en una persona con vulnerabilidad psíquica acreditada no es neutro. Puede agravar su estado emocional y generar consecuencias acumulativas”.

La defensa también cuestiona que no se les permita ingresarle material de lectura, pese al encierro casi total. Además, señalan que el contacto profesional se realiza “bajo acrílico y supervisión permanente, sin privacidad efectiva, afectando la confidencialidad profesional y el derecho de defensa”.

Un planteo que llega a organismos nacionales e internacionales

En el tramo final del comunicado, los abogados encuadraron la situación en el marco normativo vigente, citando la prohibición absoluta de torturas y tratos crueles prevista en la Constitución y tratados internacionales.

Advirtieron que “la provincia carece actualmente de un mecanismo local operativo de monitoreo en materia de prevención de la tortura”, lo que implica ausencia de control externo independiente. “Sin control externo, el único contrapeso institucional posible es la intervención judicial”, sostuvieron.

Informaron que la situación fue comunicada “al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de la Comisión Provincial contra la Tortura y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”. Reiteraron que Felipe Sosa no registra antecedentes penales.

En los próximos días se celebrará una audiencia judicial para abordar estas restricciones. “La igualdad de armas no es una consigna retórica: es un principio estructural del debido proceso”, finaliza el comunicado, que cierra con una pregunta contundente: “¿Tiene lógica que quien ha decidido matar sea el primero en pedir auxilio?”. La información fue confirmada por La Gaceta.