La defensa de “El Militar” Sosa lanza una bomba: denuncia deterioro extremo y cuestiona todo el proceso por la muerte de Érika

Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, encendieron todas las alarmas al denunciar un grave deterioro en su salud y poner en duda la transparencia de la investigación. En un contundente comunicado, la defensa técnica plantea serias objeciones sobre las condiciones de su detención, el acceso a las pruebas y la actuación de los letrados anteriores, configurando un escenario judicial que califican de preocupante.

¿En qué estado se encuentra el acusado?

Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, los defensores de Sosa, sostienen que su cliente no está en condiciones de declarar con normalidad. Atribuyen esta situación a un cuadro derivado del aislamiento prolongado, la medicación y un marcado deterioro físico y psicológico. Describen un régimen de encierro extremo en la Unidad Penitenciaria de Banda del Río Salí, con escasa interacción humana, salidas mínimas al aire libre y vigilancia permanente.

Detallaron que el imputado presenta temblores, arritmias, episodios de miedo y otras afecciones que, según ellos, fueron constatadas por profesionales del sistema penitenciario y médicos públicos. Afirman que especialistas incluso recomendaron levantar el aislamiento e incorporar actividades recreativas, pero esas indicaciones no habrían sido implementadas.

Incumplimiento judicial y falta de controles

La defensa remarcó que existe una resolución del Juzgado de Garantías N° 8 que ordena adecuar las condiciones de detención conforme a criterios médicos. Sin embargo, denuncian que esta disposición no se cumple y que, por el contrario, el aislamiento se habría intensificado. Advierten que el impacto de la detención también afecta a su entorno familiar, compuesto por personas mayores que residen fuera de Tucumán y deben trasladarse para visitarlo.

Otro punto crítico es la ausencia de mecanismos de control externo. Los letrados indicaron que en Tucumán no existe un organismo local de prevención de la tortura y que no se permite el ingreso de entidades externas al penal, por lo que la única versión disponible sobre su tratamiento sería la del propio Servicio Penitenciario.

Cuestionamientos a la prueba clave y a la defensa anterior

La autopsia de la víctima, considerada una prueba clave, también fue objeto de críticas. La defensa señaló inconsistencias en el acceso al material pericial, pasando de promesas de incorporación a un sistema digital a la restricción de visualización solo dentro de la fiscalía. Esta modalidad, según afirman, dificulta enormemente el trabajo de su equipo pericial, que se encuentra radicado en Buenos Aires.

Asimismo, apuntaron contra la actuación de la defensa técnica anterior. Indicaron que durante ese período se adoptaron decisiones con Sosa en un estado de vulnerabilidad, aislado, medicado y sin contacto real con el exterior. Mencionaron la existencia de conductas que, a su entender, no se ajustaron a un ejercicio profesional adecuado y que habrían perjudicado su situación procesal.

La sombra de la causa federal y la hipótesis de fuga

En paralelo al femicidio, Sosa enfrenta una causa federal por tenencia de estupefacientes. Sus abogados explicaron que, si bien en un principio fue sobreseído, la Cámara Federal revocó esa decisión y dispuso su procesamiento. Aguardan formalizar su intervención en esa causa para acceder al expediente y presentar impugnaciones.

También cuestionaron la hipótesis de riesgo de fuga que se usó para justificar su prisión preventiva. Desmintieron la versión pública de que Sosa fue detenido con un pasaporte en su poder, afirmando que el acta de la Policía Federal no registra ese elemento.

Al cerrar el comunicado, la defensa enumeró los factores que, a su juicio, confluyen en el caso: aislamiento extremo, deterioro de salud, falta de controles, limitaciones para acceder a la prueba e incumplimiento de resoluciones judiciales. “Hay una persona que no está en condiciones de defenderse por sí misma“, sostuvieron, dejando flotando una pregunta incómoda sobre si se trata de una investigación penal o de un “mecanismo de desgaste”.