La declaración de Justina Gordillo en el caso Erika Álvarez: un listado de nombres que agrava la posición de “El Militar” Sosa

La causa por el asesinato de Érika Antonella Álvarez dio un giro con el testimonio de Justina Gordillo, la empleada judicial detenida que por primera vez habló desde el penal de Delfín Gallo. Su declaración, que no modificó su propia situación procesal, habría complicado seriamente a Felipe “El Militar” Sosa, el único imputado por el homicidio. La mujer, imputada por encubrimiento, entregó a la fiscalía un listado de personas que mantuvieron contacto con el acusado.

¿Qué reveló Gordillo sobre la noche del crimen?

Justina Gordillo prestó declaración a través de sus defensores, Camilo Atim y María Florencia Abdala. Negó rotundamente haber participado de un encuentro sexual con la víctima y Sosa, una hipótesis que había circulado al inicio de la investigación. Reconoció que cenó con el acusado la noche del hecho y luego regresó a su domicilio.

Los registros fílmicos analizados por la investigación confirman que Gordillo se retiró del lugar pasada la medianoche. En cambio, se estableció que Érika Álvarez llegó a la vivienda donde ocurrió el homicidio alrededor de las tres de la madrugada, transportada en un servicio de Uber.

Un dato que permanece sin esclarecer es la identidad de la mujer que, según las cámaras, ingresó con Sosa al domicilio cerca de las 21 horas de ese mismo día. Este punto sigue siendo clave para los investigadores.

El pedido de ayuda y el listado secreto

La imputada relató que el miércoles 7, Sosa se comunicó con ella para pedirle ayuda. Le argumentó que una joven que se encontraba con él se había descompensado, aunque luego le aseguró que la situación estaba controlada. Gordillo también aclaró que las dos personas vistas en un Chevrolet Corsa gris eran vecinos del acusado y no estuvieron con ellos esa noche.

Durante su exposición, Gordillo entregó a la fiscalía un listado con nombres de personas que habrían mantenido contacto con Sosa antes de que ocultara el cuerpo de la víctima. Las identidades se mantienen en reserva para no entorpecer la pesquisa, aunque trascendió que podrían tratarse de empleados de sus empresas o vinculados a la concesionaria donde compró la motocicleta que usó para huir.

Asimismo, admitió que estuvo en la vivienda del imputado después del crimen, aunque sostuvo que no advirtió situaciones anómalas. No obstante, manifestó haber visto cómo Sosa entregaba un teléfono celular de color rosa a un allegado.

Relaciones paralelas y un pasado oscuro

En otro tramo de su declaración, Gordillo indicó que el acusado mantenía relaciones paralelas con distintas mujeres, varias de ellas con problemas de adicción. Agregó un dato revelador: él mismo le habría comentado que en el pasado se dedicó a la comercialización de éxtasis, una versión que ya había sido mencionada por la familia de la víctima.

Cabe destacar que Gordillo declaró en calidad de imputada y no como testigo, por lo que no tiene obligación legal de decir la verdad. Su versión es actualmente analizada por el fiscal Pedro Gallo, quien por el momento no modificó su situación procesal.

El camino legal que viene

El cuerpo de Érika Álvarez fue hallado el 8 de enero en un descampado de Manantial Sur. Siete días después, Felipe “El Militar” Sosa fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar. Tras su traslado a Tucumán, fue imputado por homicidio simple y se le dictó prisión preventiva por seis meses.

Los investigadores sostienen que el acusado no habría actuado en soledad y que contó con colaboración para ocultar el cadáver y eliminar pruebas. En ese contexto, luego del análisis de cámaras y otros elementos, la Policía detuvo a Gordillo en un country de Yerba Buena.

La mujer, divorciada, madre de dos hijos adolescentes, técnica en marketing y secretaria judicial de la Superintendencia de la Corte Suprema provincial, fue imputada por presuntamente haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, en la eliminación del celular de la víctima y en facilitar la fuga de Sosa. Se le dictó prisión preventiva por tres meses.

Si bien sus abogados evitaron brindar declaraciones públicas, fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas solicitarían una audiencia para requerir su excarcelación o, en su defecto, el arresto domiciliario hasta que se resuelva su responsabilidad en la causa. El fiscal Gallo ahora tiene nuevos elementos para evaluar, mientras la investigación intenta desentrañar la red de contactos que rodeó al principal acusado.