La decisión silenciosa: 16 municipios tucumanos cedieron su autonomía financiera a la Provincia
¿Cómo sobreviven los municipios tucumanos a la crisis? Los detalles de los polémicos acuerdos que firmaron 16 intendencias con la Provincia, cediendo el control de sus finanzas a cambio de que se paguen los sueldos. Una decisión que no tuvo actos públicos y que impone condiciones estrictas.
En medio de una crisis de fondos, más de una decena de municipios tucumanos firmaron acuerdos para que el Gobierno provincial maneje sus finanzas esenciales. Los convenios, formalizados a fines de febrero sin la fanfarria de años anteriores, revelan la profundidad del ajuste que atraviesan las comunas, obligadas a ceder su coparticipación a cambio de que la Provincia pague salarios y cubra déficits.
Según confirmaron autoridades provinciales, los montos de estos acuerdos se mantuvieron sin cambios respecto al año pasado, a pesar del contexto inflacionario. Esta decisión responde, según fuentes oficiales, a las limitaciones financieras que enfrenta la administración de Osvaldo Jaldo.
El escenario se complejiza por una tormenta perfecta de factores: una caída de $44.000 millones en los fondos coparticipables de Nación en el primer bimestre del año, una merma en la recaudación local, la presión inflacionaria y las incertidumbres internacionales.
¿Qué dijo el Gobernador?
El propio Jaldo dejó en claro la estrechez fiscal durante las paritarias docentes. “Es imposible ofrecer un peso más, porque no lo tenemos y porque no vamos a ofrecer nada que no podamos pagar en la planilla de sueldo”, expresó el mandatario. Este mismo criterio rigió las negociaciones con los municipios.
A diferencia de gestiones anteriores, la firma de estos pactos no tuvo actos públicos ni fotografías oficiales con los intendentes. Su formalización quedó registrada en el Boletín Oficial, basada en decretos del Ministerio de Economía emitidos a finales de enero.
¿Qué municipios están en el esquema y qué implica?
Once distritos ingresaron al esquema de Asistencia Fiscal Municipal, cediendo el 100% de su coparticipación. Estos son: Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena.
Otros cinco municipios suscribieron un Acuerdo de Asistencia Financiera, un auxilio para cubrir desequilibrios: Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas.
Solo tres jurisdicciones quedaron fuera de cualquier asistencia provincial: San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacú. Los montos específicos de cada convenio no fueron divulgados.
Compromisos estrictos y una proyección sombría
Los acuerdos, con una vigencia de seis meses, imponen condiciones duras a los municipios. Estos no pueden tomar créditos con organismos nacionales o internacionales, deben mejorar sus sistemas de recaudación, reducir el gasto total y están prohibidos de incrementar sus plantillas salariales.
Además, se comprometen a no iniciar acciones judiciales contra la Provincia y a desistir de demandas previas. Desde algunos municipios del oeste provincial anticipan que sus presupuestos para los próximos seis meses sufrirán una reducción estimada del 12% al 15% respecto de 2025.
Las asistencias son reintegrables y se garantizan con la afectación total de los recursos que les corresponden por Coparticipación Federal y el Fondo de Desarrollo del Interior.
El caso de Concepción: la apuesta por la autonomía
En contraste, el municipio de Concepción decidió abandonar el Acuerdo Fiscal en 2024. Su intendente, Alejandro Molinuevo, sostiene que esa decisión mejoró su situación financiera. “Estamos bien. Somos autónomos y no tenemos que rogarle nada a nadie”, afirmó.
Molinuevo espera que la situación mejore aún más si prospera una demanda judicial para que la Legislatura elabore una nueva ley de coparticipación provincial, ya que considera que la actual está desactualizada y es injusta.
Este entramado de acuerdos evidencia, una vez más, la delicada y dependiente relación entre las finanzas provinciales y municipales en Tucumán, forzando a un reordenamiento presupuestario extremo en la espera de una recuperación que aún no llega.
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