La Corte Suprema le asestó un duro golpe a Mariano Campero: el reclamo por la coparticipación municipal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el reclamo impulsado por la Municipalidad de Yerba Buena contra el Gobierno de Tucumán por el reparto de fondos de coparticipación deberá tramitarse en la Justicia provincial, un duro revés para el exintendente y actual diputado nacional Mariano Campero.

El planteo había sido presentado en 2023 con el objetivo de que la Corte declarara la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley Provincial 6.316, que regula el régimen de coparticipación para municipios y comunas de Tucumán. Desde Yerba Buena sostenían que el porcentaje asignado al municipio, fijado en 3,05% desde 1991, quedó desactualizado frente al crecimiento poblacional, urbano y administrativo que tuvo la ciudad en más de tres décadas.

En la demanda, el municipio argumentó que Yerba Buena pasó de tener 34.901 habitantes en 1991 a más de 70.000 en 2022, prácticamente duplicando su población. La presentación judicial fue patrocinada por el constitucionalista Alberto B. Bianchi y firmada además por los abogados Gabriel Sabaté, apoderado de la Municipalidad, junto a Lino Galarce y Santiago Castro Videla.

En el escrito, de unas 57 páginas, se sostuvo que la ciudad debió asumir nuevas obligaciones y competencias que incrementaron los gastos municipales, como la gestión de residuos sólidos urbanos, la creación y mantenimiento de la Guardia Urbana Municipal, mayores inversiones en alumbrado público, la administración educativa de la escuela Petrona Campero de Adami y la atención médica en un centro asistencial municipal.

¿Qué dictaminó la Corte?

El máximo tribunal rechazó intervenir de manera directa y coincidió con el dictamen de la Procuradora Fiscal, al considerar que la controversia debe resolverse en tribunales tucumanos porque involucra principalmente cuestiones de derecho público provincial. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En la resolución, la Corte sostuvo: “Para resolver la controversia deberá acudirse, necesariamente, a la hermenéutica y aplicación del derecho público provincial, más específicamente, a las normas locales que rigen el mecanismo de coparticipación provincial a municipios”. El tribunal remarcó que la cuestión no resulta apta para habilitar la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional.

En otro tramo, la Corte afirmó que “el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en que se ventilan cuestiones de ese carácter”, en referencia a los jueces tucumanos. De esa manera, el expediente deberá continuar su trámite en la Justicia provincial.

¿Puede la Corte intervenir más adelante?

La Corte aclaró que eventualmente podría intervenir mediante la vía del recurso extraordinario federal, en caso de que surjan cuestiones constitucionales o federales durante el proceso.

Tras conocerse el fallo, Campero aseguró que el reclamo continuará pese al revés judicial y afirmó que la propia resolución deja en evidencia que existen diferencias en los criterios de distribución de fondos entre municipios. El exintendente también recordó que el municipio de Concepción mantiene un planteo similar ante la Corte Suprema de Tucumán.

La discusión por la coparticipación municipal lleva años generando tensiones entre distintos municipios tucumanos y la Casa de Gobierno provincial, especialmente en distritos que registraron un fuerte crecimiento poblacional y urbano. Desde Yerba Buena sostienen que el esquema actual no refleja la realidad demográfica ni las nuevas demandas de infraestructura y servicios públicos. El Gobierno provincial, en tanto, históricamente defendió la legalidad del sistema vigente.