La Corte Suprema frenó al Gobierno: ordena aplicar la ley de financiamiento universitario

El máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo y mantiene firme la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias. La decisión, firmada por tres jueces, no resuelve el conflicto de fondo pero le da un respiro a las universidades.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25. Ese decreto del Poder Ejecutivo buscaba suspender la aplicación de dos artículos clave de la Ley 27.795: la actualización salarial y los fondos para becas y programas académicos.

El argumento de la Corte para rechazar la apelación del Gobierno fue de orden procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal.

¿Qué significa esta decisión?

El fallo no resuelve el fondo de la controversia, que es si el decreto del Ejecutivo puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso. Pero deja firme la cautelar mientras el proceso judicial continúa su curso. Así, las universidades mantienen la herramienta jurídica para sostener su reclamo presupuestario.

La decisión llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. Según la comunidad universitaria, esa oferta llevaba el presupuesto del 0,5% del PBI al 0,6%, mientras que la Ley de Financiamiento vigente establecía un 0,75%.

Al dictar la cautelar, el tribunal había argumentado que el Congreso insistió en la sanción de la ley pese al veto presidencial de Javier Milei, y que el Ejecutivo buscaba evitarla basándose en una norma de jerarquía inferior. La Casa Rosada sostiene que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes de financiamiento.

Además, la Corte consideró que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. También evaluó que el ahorro de no aplicar la ley no era significativo para el presupuesto nacional.

El fallo, si bien no cierra la discusión, le otorga a las universidades un respiro mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo.