La canasta básica del jubilado supera el $1,8 millón y revela una crisis sin salida

Los números son fríos, pero la realidad que describen quema: la canasta básica para un adulto mayor ya trepa a $1.824.682. Este dato, difundido por la Defensoría de la Tercera Edad, expone con crudeza la brecha insalvable entre lo que necesitan para vivir y lo que realmente perciben millones de personas en el país. La situación, lejos de mejorar, se profundiza mes a mes.

El relevamiento, realizado cada seis meses en los principales centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, confirma una tendencia alarmante. En comparación con octubre del año pasado, la canasta registró un aumento de $310.608, lo que representa una suba del 20.51%. Esta escalada deja al descubierto la precariedad y la vulnerabilidad extrema en la que viven.

¿De qué se compone esta canasta millonaria?

El análisis detallado de los gastos es revelador. Del total de $1.824.682, los rubros se distribuyen de manera crítica. La alimentación insume $410.640, representando el 23% del total. Sin embargo, el ítem más abultado y preocupante es el de insumos de farmacia y medicamentos, con $503.600, que se lleva el 28% de los recursos necesarios.

La vivienda, ya sea por alquiler, mantenimiento o vida en pensiones, requiere $360.150 (20%). A esto se suman gastos en limpieza por $116.008 (6%) y otros conceptos. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aclara que el cálculo farmacéutico ya considera los descuentos de las obras sociales, pero la situación se agrava por políticas como la ampliación de medicamentos de venta libre sin bonificación por parte del PAMI.

La cruda realidad frente a los haberes congelados

El informe no duda en calificar la situación: “Es una historia que se repite”. Mientras la canasta básica ronda los $1,8 millones, la realidad de los ingresos es dramáticamente distinta. Más de cuatro millones y medio de jubilados perciben, por todo concepto, apenas $430.000. Casi un millón de personas con discapacidad reciben $328.000.

Estos valores ya incluyen el bono de hasta $70.000, un monto que, según señalan, debería estar actualizado en casi el triple ($190.000) y que, además, no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Este congelamiento, vigente desde marzo de 2024, afecta directamente a unos 4,5 millones de personas, quienes reciben aumentos menores que no compensan la inflación.

Semino fue contundente al describir las consecuencias: “Esos valores llevan a que tengan que proveerse de la subsistencia trabajando hasta que la salud se lo permita o mendigando subsidios, comida, medicamentos”. Agregó que las personas mayores sufren una triple crisis: alimentaria, sanitaria y habitacional, una advertencia que ya ha sido elevada por la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.

El mecanismo de ajuste por inflación, basado en índices de meses anteriores, resulta insuficiente y perpetúa el problema. Condena los haberes a “los deprimidos valores actuales de por vida”, incluso en un escenario donde la economía o los salarios activos crezcan. Para colmo, la proyección hacia el Presupuesto 2026 no muestra señales de que se revierta el congelamiento del bono, dejando un panorama desolador para el futuro inmediato.