La Cámara de Casación ordena la ejecución patrimonial de 111 inmuebles, 20 de Cristina Kirchner

La Cámara de Casación sentó un precedente al ordenar la ejecución patrimonial de 111 inmuebles, de los cuales 20 pertenecen a Cristina Kirchner. El fallo, que exige la recuperación efectiva de activos del delito, allana el camino para una segunda tanda de decomisos pedida por el fiscal Diego Luciani, que incluye propiedades clave como San José 1111 y el hotel Alto Calafate.

En la resolución del viernes, el máximo tribunal penal afirmó que carece de sentido que el Estado imponga una condena penal y “permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”. Esa premisa estuvo acompañada de otro concepto: si bien el decomiso es una consecuencia patrimonial accesoria, “forma parte de la reacción estatal frente al delito y cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos”.

La Cámara de Casación, al ordenar la ejecución patrimonial de 111 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal, fue determinante al sostener que el decomiso “no sólo busca recuperar activos, sino también expresar de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas”.

La ejecución efectiva del decomiso, considerada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, se fijó bajo argumentos correctos por parte del Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad. Esto allana el camino para una nueva decisión sobre más propiedades de Cristina Kirchner, principal condenada en este expediente.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el fiscal Luciani presentó un segundo pedido de decomiso de bienes. El objetivo es llegar a cubrir los $ 685.000 millones que se fijó como el fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.

En esta segunda tanda, la fiscalía pidió el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores. También se incorporaron los USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $ 53.280,24.

Al fundamentar esta segunda etapa, el representante del Ministerio Público sostuvo que muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.

El TOF 2 fijó un criterio central para el decomiso: todo aquello incorporado al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015 será plausible de ejecución patrimonial. Es la ventana temporal durante la cual se desarrolló la maniobra defraudatoria. Ese argumento se utilizó para avanzar sobre 19 inmuebles que Cristina Kirchner le heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales.

La Cámara de Casación votó de forma mayoritaria sobre este punto, conduciendo a la familia Kirchner a perder esas 19 propiedades. Los jueces Hornos y Barroetaveña entendieron que fueron adquiridos durante el período de la maniobra fraudulenta. El juez Borinsky votó en sentido contrario, pero con el voto mayoritario los hijos de la ex Mandataria perderán esos inmuebles.

La jurisprudencia sentada por el máximo tribunal penal fue calificada en Comodoro Py como “clave para avanzar en la segunda tanda de decomisos”. Sobre los 141 bienes a decomisar (13 de la familia Kirchner), hace meses se remitieron oficios a los registros de la propiedad inmueble para constatar la identificación correspondiente. Una vez que toda la documentación ingrese, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del Tribunal y responsable de la ejecución de la pena, informará a las defensas para que opinen. Luego, el TOF 2 ordenará la ejecución patrimonial necesaria para continuar cubriendo los $ 685.000 millones.

Muchas de las propiedades incluidas en este segundo listado forman parte de la causa Los Sauces – Hotesur, elevada a juicio oral. En el marco de esa investigación rige un embargo de 3.033 millones de pesos sobre Cristina y Máximo Kirchner.

“El primero que llega es el que avanza en el decomiso”, explicó una fuente judicial a Clarín. Una vez concluido el juicio Hotesur (sin fecha de inicio) y en caso de condena, se ordenará un nuevo decomiso.

Entre las propiedades de Cristina Kirchner que la fiscalía pide decomisar se encuentran: San José 1111, donde actualmente cumple arresto domiciliario; el hotel La Aldea de El Chaltén, usurpado hace más de dos años; y el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur SA. El hotel Alto Calafate fue comprado gracias a un préstamo de $ 8,5 millones de Austral Construcciones a la familia Kirchner, y según informes periciales contables, su giro comercial es inexistente y funcionó como “pantalla para blanquear dinero”. También se incorporó el chalet de la costanera de Río Gallegos donde residía Cristina Kirchner, así como otras casas, terrenos y departamentos en dicha ciudad.