La bomba de tiempo en las cárceles bonaerenses: 50 mil líneas legales y un trágico desenlace

Un soldado se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión urdida desde una prisión, destapando la alarmante realidad de casi 50 mil celulares de uso legal entre reclusos. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió desactivar este sistema, advirtiendo que se ha convertido en una herramienta esencial para delinquir desde el encierro.

Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, puso fin a su vida con un disparo en la cabeza en la madrugada del 16 de diciembre. El joven soldado estaba de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Su muerte no fue un acto aislado de desesperación, sino la consecuencia directa de un cruel engaño.

Una banda de presos, operando desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena, lo contactó haciéndose pasar por policías. Le dijeron que la madre de una menor lo denunciaba por acosar a su hija a través de una aplicación de citas. Aunque la acusación era falsa, Gómez se sintió acorralado y, al no poder pagar las extorsiones que le exigían, optó por el suicidio.

¿Un “laburo” desde la cárcel?

En la investigación del caso, la jueza Arroyo Salgado descubrió mensajes de voz reveladores. En uno de ellos, un interno afirma: “Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”. El soldado Gómez fue, en palabras de la magistrada, víctima de “un laburo” tumbero.

Este trágico episodio reavivó el debate sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las prisiones. Desde la pandemia de COVID-19, los internos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) están habilitados a tener estos dispositivos, siempre que cada línea sea identificada y registrada.

Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se quitó la vida en la Quinta de Olivos.

Los números oficiales son contundentes. Actualmente, los presos en unidades del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas sin una orden judicial específica. A esta cifra se suman los aparatos que ingresan de contrabando, una práctica histórica y persistente.

Un caso reciente en Mendoza ilustra el patrón. El miércoles pasado, la Policía Federal desbarató una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo, realizaba “sextorsiones”. Contactaron a un hombre en Chubut mediante una red social con el mismo engaño usado contra Gómez. Esta víctima, padre de familia, también estuvo al borde del suicidio, pero realizó la denuncia a tiempo.

La advertencia judicial: una herramienta del crimen organizado

La jueza Arroyo Salgado envió una nota contundente al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena. En ella, sostiene que el uso de celulares en el ámbito carcelario “es principalmente una herramienta de ’trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas… continúen con su empresa criminal”.

Agregó que la persistencia de esta medida, creada para una emergencia ya concluida, “generó un espacio de vulnerabilidad institucional” que es aprovechado “para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad”.

La trágica muerte del soldado en la Quinta de Olivos.

En una comunicación similar al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, la magistrada detalló los ilícitos facilitados: homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas, secuestros virtuales, narcotráfico, robos, grooming, pornografía infantil, trata de personas, corrupción e intimidación a testigos.

Según registros del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 en requisas de rutina y 159 por orden judicial. Pero el caso Gómez demostró una excepción peligrosa: al menos uno de los números usados para extorsionarlo estaba registrado legalmente por el SPB.

Un problema de difícil solución

El ministro Juan Martín Mena, con experiencia en materia penitenciaria, se enfrenta a un dilema complejo. Durante la pandemia, él mismo se opuso a que los presos federales tuvieran celulares, algo que el SPB no pudo impedir por falta de teléfonos públicos en los pabellones. La Justicia autorizó los dispositivos, pero sin fecha de caducidad, transformándolo en un derecho adquirido.

Hoy, es legal que un preso bonaerense tenga y use un celular registrado. Las autoridades sostienen que no se delinque con esas líneas, pero el juzgado de Arroyo Salgado tiene pruebas de lo contrario en el caso del soldado.

El esquema detrás de la extorsión y la muerte del soldado muerto en la Quinta de Olivos.

La solución no es simple. Eliminar los celulares de golpe, como pide la jueza, podría desatar una ola de motines. Una fuente del gobierno bonaerense explicó a Clarín: “No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50 mil presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo”.

La misma fuente admitió que, aunque los celulares se usan para delinquir, también han reducido los niveles de conflictividad dentro de las cárceles. Es un ecosistema frágil, donde cada pieza afecta a la otra. Un ejemplo es la llamada “Banda del Millón”, a cuyos integrantes se les prohibió cualquier tipo de celular, creando problemas de convivencia en los pabellones donde otros reclusos no quieren perder su derecho al dispositivo.

El equilibrio es precario y la bomba de tiempo, como la define la Justicia, sigue su cuenta regresiva, con decenas de miles de líneas activas tras las rejas.