La armería tucumana que escondía un pacto mortal con Chile: ocho procesados y un arma a nombre de un muerto

Un dato escalofriante sacudió la causa: una de las pistolas secuestradas estaba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020. El Juzgado Federal N° 2 de San Miguel de Tucumán procesó a ocho personas sin prisión preventiva por integrar una red que habría desviado armas legales hacia el mercado ilegal chileno.

¿Cómo operaba la organización?

La investigación arrancó el 19 de diciembre de 2023, cuando Gendarmería Nacional interceptó un ómnibus en La Invernada. Allí detuvieron a dos chilenos que llevaban ocultas ocho pistolas calibre 9 milímetros, .40 y .45, más cargadores y divisas extranjeras.

El análisis de celulares y el cruce con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) revelaron que las armas se habían comprado formalmente en Tucumán días antes del secuestro. La hipótesis judicial es que la organización reclutaba a personas habilitadas por la ANMAC para que prestaran su identidad y registraran las armas a su nombre. Una vez hecho el trámite, el armamento se desviaba al circuito clandestino.

El rol de los empleados de la armería

Tres empleados de una armería de San Miguel de Tucumán habrían sido piezas clave. Según la Justicia, aprovechaban sus conocimientos técnicos y acceso a documentación para facilitar transferencias irregulares e incluso insertar firmas apócrifas. Las escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp revelaron coordinaciones fuera del local, pagos en dólares y conversaciones sobre “rescatar fierros”.

Padre e hijo: los intermediarios

Dos intermediarios logísticos, padre e hijo, recibían las armas del proveedor y pactaban las entregas a los transportistas extranjeros cerca de la terminal de ómnibus de Tucumán. El destino final era Chile, vinculado a una causa en la Justicia Federal de Mendoza que ya pidió elevar a juicio a 34 personas por tráfico transnacional de armas a través del paso Cristo Redentor.

Allanamientos y armas secuestradas

Los allanamientos en la capital tucumana y en Los Ralos permitieron incautar más de veinte armas de fuego: revólveres, rifles, carabinas y escopetas, además de accesorios, credenciales y dinero en efectivo. El juez José Manuel Díaz Vélez procesó a los ocho imputados por entrega de armas a personas que no acreditaban la condición de legítimo usuario. También dispuso embargos de entre $8 y $12 millones, prohibición de salida del país y presentaciones semanales.

La causa aún tiene medidas pendientes, como peritajes de celulares y análisis técnicos para determinar si el arsenal permite una calificación más grave.