La agenda oculta del Gobierno: las 4 reformas y los 7 proyectos que Milei quiere aprobar a toda costa

El Gobierno de Javier Milei prepara una hoja de ruta legislativa de alto impacto para las sesiones ordinarias que arrancan el 1 de marzo. Con un paquete de cuatro reformas estructurales y siete proyectos prioritarios, la Casa Rosada busca definir esta semana la secuencia de una agenda que promete encender el debate en el Congreso. Mientras el Presidente aún no tiene listo su discurso de apertura, en Balcarce 50 ya trazan las prioridades que marcarán el año parlamentario.

El Ejecutivo nacional enfrenta el desafío de ordenar una ambiciosa lista de iniciativas. En algunos sectores oficiales insisten en darle centralidad a modificaciones de fondo, mientras que en otros espacios internos advierten sobre “urgencias” que no pueden esperar. “Vamos a intentar fijar una agenda ambiciosa”, expresan fuentes del Gobierno, revelando la tensión entre lo ideal y lo posible en un año legislativo clave.

¿Qué proyectos encabezan la lista?

La primera semana de marzo concentrará los esfuerzos en dos leyes sensibles. En la Casa Rosada remarcan que intentarán votar en Diputados la Ley de Financiamiento Universitario junto con la Ley de Glaciares, siempre que esta última logre media sanción en el Senado esta misma semana.

Ubican en el mismo rango de importancia los cambios que planean aplicar sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este trío de proyectos conforma la vanguardia de la agenda oficial para el inicio de las ordinarias.

Los acuerdos internacionales también tendrán su espacio protagónico. El Gobierno buscará ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos junto con la adhesión al Consejo de Paz que impulsó Donald Trump durante su mandato.

Además, el presidente Milei enviará en marzo al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, que actualmente se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica que preside María Ibarzabal.

Las reformas que cambiarían las reglas de juego

En un segundo orden de prioridad, pero no menos importante, el Gobierno tiene un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental. La iniciativa busca habilitar a los jueces para autorizar hospitalizaciones, un punto que genera controversia entre especialistas y organizaciones de derechos humanos.

Por otro lado, desde Nación descartan por el momento enviar una iniciativa para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas. “Se avanzó para hacerlo por decreto, pero se frenó”, admiten fuentes oficiales.

La reforma del Código Penal emerge como otro eje central de la agenda oficial. El proyecto incluye endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. Según confirmaron a TN, no está previsto que incluya cambios sobre la figura de femicidio ni sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Los grandes desafíos pendientes

La reforma tributaria mantiene su lugar en la lista de prioridades, pero en la Casa Rosada admiten un problema significativo: no cuentan con una estrategia clara para impulsarla. Es probable que su tratamiento se dilate en el tiempo, mientras se evalúan alternativas.

En varios despachos oficiales mencionan un pacto fiscal con las provincias como una posibilidad fuerte para impulsar una baja de impuestos coordinada a nivel nacional. Esta aproximación requeriría una compleja negociación con los gobiernos provinciales.

Los equipos de Balcarce 50 trabajan además sobre una reforma política que elimine las PASO, modifique el esquema de financiamiento partidario y realice cambios sobre la Boleta Única de Papel (BUP).

La misma dedicación aplica para una nueva Ley de Seguridad Nacional, que busca redefinir las atribuciones de las áreas de Seguridad, Inteligencia y Defensa del Estado argentino. Este proyecto podría reconfigurar por completo la arquitectura de seguridad del país.

Mientras el Gobierno define los últimos detalles de esta agenda, la oposición se prepara para un año de intensos debates. Las sesiones ordinarias prometen ser un termómetro preciso de la capacidad de gestión legislativa de un oficialismo que busca consolidar su proyecto de reformas estructurales.