La AFA se mudó a Buenos Aires en medio de una investigación: el detalle que complica a la conducción

El gobierno de Axel Kicillof convalidó el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires, en una decisión que profundiza el enfrentamiento con la Inspección General de Justicia. La IGJ había objetado el cambio de jurisdicción y mantiene abierta una investigación sobre la conducción del fútbol argentino, que incluye denuncias por presuntas irregularidades contables y el uso de sociedades comerciales vinculadas.

La entidad que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa semanas de fuerte exposición pública. Se han presentado denuncias por presuntas irregularidades contables, el uso de sociedades comerciales vinculadas a la conducción y cuestionamientos sobre el destino de fondos.

En ese contexto, la Inspección General de Justicia solicitó formalmente ante el Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la AFA. El planteo se produjo luego de que el organismo considerara insuficiente la documentación presentada por la asociación ante los requerimientos oficiales.

¿Qué busca la auditoría?

En el Gobierno sostienen que la intención es supervisar los libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025. También buscan obtener información detallada sobre las sociedades comerciales constituidas en los últimos años bajo la estructura de la AFA.

El Ministerio de Justicia comunicó que el pedido responde a la “gravedad de las irregularidades detectadas” y que la decisión final sobre la intervención quedará bajo su competencia. En el Ejecutivo anticipan que, de avanzar la medida, los veedores serían un contador y dos abogados.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). Esto incluye la adquisición de inmuebles, el equipamiento, la contratación de autoridades y los convenios celebrados con terceros.

También se analizarán las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras. La decisión se produce luego de que la IGJ advirtiera que la AFA no presentó el balance correspondiente a 2025, pese a los requerimientos formales y los plazos otorgados.

La estrategia de la mudanza

El abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, difundió que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense había ratificado la mudanza de la AFA y rechazado la competencia del organismo nacional sobre la entidad. La resolución provincial fue interpretada en la Casa Rosada como un intento de desactivar el alcance de la IGJ y trasladar la discusión al ámbito judicial.

En el Gobierno consideran que esta situación “no altera el proceso en curso” y que continuarán con el procedimiento previsto. Según trascendió, la disposición de la Provincia se firmó horas después de que la IGJ notificara formalmente a la AFA.

Además, el documento no precisaría con exactitud el domicilio de la nueva sede en el partido de Pilar, un punto que ya había sido objetado por el organismo nacional. Días atrás, la IGJ había rechazado el pedido de traslado de la sede social a jurisdicción bonaerense.

Tras una inspección en el lugar señalado como nuevo domicilio, los funcionarios concluyeron que no existían allí oficinas ni instalaciones operativas de la entidad. Desde el organismo de control entendieron que no se trató de un cambio efectivo de sede, sino de una modificación de jurisdicción administrativa. Esa interpretación es la que sostiene ahora la disputa entre Nación y Provincia.