Justicia tucumana se mantiene firme: vuelve a rechazar la libertad de la imputada por el femicidio de Érika Álvarez

La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci consideró que su participación en el encubrimiento fue “activa” y que los riesgos de entorpecer la causa “se incrementan”. Por segunda vez consecutiva, la Justicia de Tucumán denegó un pedido de excarcelación para Justina Gordillo, la funcionaria pública imputada por su presunta intervención para ocultar el brutal femicidio de Érika Antonella Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado en un basural de Manantial Sur.

La audiencia se desarrolló este miércoles 25 de marzo, donde la defensa de Gordillo solicitó su libertad o, en forma subsidiaria, su arresto domiciliario. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella se opusieron de manera contundente.

¿Por qué la Justicia se niega a liberarla?

La auxiliar fiscal Carolina Brito argumentó ante el tribunal que los riesgos procesales “no solo se mantienen, sino que se incrementan”. Advirtió que, de recuperar la libertad, Gordillo podría alterar u ocultar pruebas clave para la investigación, entorpeciendo el avance de la causa.

La magistrada, al resolver, hizo hincapié en la extrema gravedad del caso, al tratarse de un femicidio, y remarcó que la participación que se le atribuye a la imputada no fue pasiva. “Se trata de una participación activa en el encubrimiento”, fundamentó la jueza Apás Pérez de Nucci para mantener la prisión preventiva en el penal de Delfín Gallo, donde Gordillo permanece desde el 10 de febrero.

Los cargos y la hipótesis de la Fiscalía

Justina Gordillo (48) está imputada por el delito de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real, con agravantes por la gravedad del hecho precedente, ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo.

Según la hipótesis acusatoria, tras el homicidio ocurrido en la madrugada del 7 de enero, Gordillo se habría presentado en reiteradas oportunidades en la vivienda de su pareja, Felipe Sosa, en Yerba Buena. Allí permaneció durante varias horas entre ese día y el 8 de enero, colaborando activamente en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, de la camioneta utilizada y de otros elementos de prueba.

Además, la Fiscalía sostiene que la imputada asistió en la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires. Se le atribuye haber actuado con fines económicos, ya que habría adquirido una motocicleta a su nombre y recibido poderes para realizar operaciones bancarias y administrativas vinculadas a empresas del acusado principal.

En el expediente también se encuentran detenidos Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40), todos vinculados a la investigación por el hallazgo del cuerpo de Érika Álvarez el pasado 8 de enero.

Este no es el primer intento de la defensa por revertir la situación de Gordillo. Un planteo similar ya había sido rechazado por la Justicia semanas atrás, consolidando la postura firme del tribunal de mantenerla tras las rejas mientras avanza la investigación por este crimen que conmocionó a la provincia.