Justicia tucumana ordena desalojo: dos hermanas deberán abandonar vivienda usurpada en el sur

El Ministerio Público Fiscal consiguió la restitución provisoria de una casa en la zona sur de San Miguel de Tucumán, tras una audiencia este martes 3 de febrero. Dos hermanas imputadas por el delito de usurpación por despojo tienen ahora un plazo de dos meses para desocupar el inmueble, ubicado en calle Chacabuco al 2400. La medida judicial marca un precedente en la lucha contra las ocupaciones ilegales en la provincia.

Una audiencia clave para la propiedad

La audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos fue impulsada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I. Esta unidad está a cargo del fiscal Diego López Ávila y fue representada en la ocasión por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.

La representante del MPF solicitó específicamente la restitución provisoria de la vivienda. Además, pidió la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de seis meses para las acusadas.

Restricciones y plazos impuestos por la jueza

La magistrada interviniente hizo lugar al planteo fiscal y otorgó el plazo de 60 días para la desocupación. Entre las medidas de coerción que se impusieron se encuentra la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros al inmueble en cuestión.

Estas restricciones buscan garantizar que se cumpla la orden de restitución y proteger los derechos de la propietaria legítima, quien había sido despojada de la posesión de su casa.

Los hechos que originaron la causa

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 25 de junio de 2025. Las imputadas habrían ingresado a la vivienda, que se encontraba deshabitada por estar en refacciones, tras romper el candado y el pasador del portón.

Además, forzaron puertas y rejas para tomar posesión del lugar, despojando a la dueña de su propiedad. Esta situación de ocupación ilegal se mantuvo desde esa fecha hasta la actualidad, hasta que la intervención judicial logró revertirla.

El caso fue llevado adelante por la Unidad Fiscal especializada, demostrando el trabajo coordinado del sistema judicial tucumano para abordar este tipo de delitos contra la propiedad. La resolución sienta un marco claro para futuras situaciones similares en la provincia.