Juicio por el femicidio de Paulina Lebbos: acusan a su ex pareja y a un “hijo del poder” tras 20 años

El 2 de marzo comenzará el juicio oral por el femicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006. Los acusados son Víctor César Soto, su ex pareja, y Sergio Kaleñuk, hijo de un ex secretario de José Alperovich. Este proceso representa la primera vez que los principales sospechosos se sientan en el banquillo, tras años de encubrimientos que condenaron a ex altos mandos policiales y judiciales.

La fecha del 2 de marzo marca un punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en la provincia. Después de dos décadas de reclamo familiar, impunidad y procesos por encubrimiento, la Justicia de Tucumán llevará a juicio a los dos hombres señalados como responsables directos del crimen de la joven de 23 años. La imputación se produjo al borde de la prescripción de la causa, a poco de cumplirse 20 años del hecho.

El padre de la víctima, Alberto Lebbos (71), expresó su dolor y frustración por el largo camino recorrido. “Cuánto sufrimiento me hubiesen evitado si el lunes 27 de febrero de 2006, cuando lleve a César Soto a la Brigada de Investigaciones, y les dije que era el principal sospechoso del homicidio de Paulina, habrían hecho lo que tenían que hacer, ya estaba toda la maniobra de encubrimiento orquestada”, escribió al conocer la noticia del juicio.

Los acusados y el vínculo con el poder

Los imputados son Víctor César Soto (44), ex pareja de Paulina y padre de su hija, y Sergio Kaleñuk (46). Este último es hijo del ex secretario de Gobierno de José Alperovich, quien fuera gobernador de Tucumán en tres períodos (2003-2015) y una de las figuras más poderosas de la provincia. En 2024, Alperovich fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado y cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires.

La conexión de Kaleñuk con la estructura de poder de aquel momento es, según la investigación, la clave para entender la trama de encubrimiento que se desplegó. Kaleñuk era parte de la dirigencia del club Atlético Tucumán, donde Soto integraba la barra brava. La acusación sostiene que fue esta relación la que permitió orquestar la obstrucción a la justicia.

La noche de la desaparición y el hallazgo del cuerpo

Paulina Lebbos tenía 23 años, estudiaba Comunicación Social y era madre de una niña de cinco. En la madrugada del 26 de febrero de 2006, salió a bailar al boliche “Gitana” en San Miguel de Tucumán. Alrededor de las seis de la mañana, tomó un remis junto a su amiga Virginia Mercado. El auto hizo una parada, Mercado le alcanzó una mochila que había olvidado en su casa, y Paulina continuó el viaje rumbo a la casa de Soto.

Durante años, la versión oficial indicó que la joven nunca llegó a su destino. Sin embargo, la investigación judicial determinó posteriormente que sí descendió en el domicilio de su ex pareja, ubicado en la calle Estados Unidos 1250, y que fue allí donde fue asesinada. Pasaron once días de intensa búsqueda hasta que su cuerpo fue hallado en la Ruta 341, a la altura del kilómetro 3, en la localidad de Tapia, a unos 30 kilómetros del centro de la capital provincial.

El descubrimiento lo hizo un transeúnte que vio el reflejo del sol en una pulsera que la víctima llevaba en la muñeca. Ese detalle conmovedor transformó el lugar en un sitio de memoria: quienes pasan por allí suelen dejar ofrendas de pulseras colgadas en un monolito erigido en su recuerdo.

Una causa marcada por el encubrimiento

Este será el cuarto juicio vinculado al crimen de Paulina Lebbos, pero el primero que juzga a los presuntos autores materiales. Los procesos anteriores se centraron en la vasta red de encubrimiento que involucró a la cúpula policial, funcionarios de seguridad y un fiscal.

El primer juicio, en 2013, condenó por encubrimiento a Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina (comisario y policías de Raco) por fraguar actas y el testimonio del baqueano que halló el cuerpo.

Un segundo y extenso juicio, entre 2018 y 2019, con más de 200 testigos, culminó con condenas por encubrimiento a altos funcionarios. Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad, y Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía de Tucumán, recibieron seis años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Nicolás Barrera (ex subjefe de la Fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) fueron condenados a cinco años. Además, al menos doce personas fueron detenidas en la sala de audiencias por incurrir en falso testimonio.

En diciembre de 2021, la Justicia tucumana condenó a seis años de prisión al ex fiscal Carlos Albaca por “encubrimiento agravado”. El tribunal determinó que Albaca se negó a investigar la hipótesis que apuntaba contra Soto y, de manera irregular, le permitió ser querellante en la causa excluyendo al padre de la víctima.

La acusación y el próximo juicio

El fallo de 2018, ya firme, ordenó investigar a Soto por “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” y a Kaleñuk por su posible participación. Finalmente, el fiscal Carlos Sale elevó la causa a juicio.

Según el requerimiento de elevación, “el domingo 26 de febrero de 2006, entre las 6:30 y las 7:00, Paulina ingresó al domicilio… Allí, tras una discusión por motivos desconocidos, Soto habría aprovechado su preeminencia física para tomarla del cuello y estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia”. La acusación sostiene que Kaleñuk habría intervenido para facilitar el posterior encubrimiento.

El juicio, que se iniciará el 2 de marzo, pondrá fin a una espera de 20 años para la familia Lebbos y pondrá a prueba el sistema judicial frente a un caso que expuso las profundas conexiones entre el crimen y el poder en Tucumán.