Joven víctima de abuso denunció a sus abogados por despojarla de su indemnización millonaria

Una joven tucumana de 21 años, que había obtenido una reparación económica tras sufrir abuso sexual, denunció a sus ex representantes legales, Alfredo y Silvia Aydar, por una presunta maniobra de defraudación que incluye administración fraudulenta, estafa, retención indebida de fondos y extorsión. La presentación, que también llegó al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados, expone un entramado de manipulación psicológica que le habría arrebatado el control de los millones que recibió como compensación.

La denuncia penal, que derivó en un allanamiento de los estudios jurídicos y la imposición de restricciones perimetrales, revela un presunto ardid basado en el miedo. La joven, identificada como T. C., había acordado en septiembre de 2025 una salida alternativa en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, en el marco de la causa por abuso sexual contra un ex concejal. Como parte del resarcimiento, recibió una camioneta Ford Ranger Limited 4×4 modelo 2023, valuada en 50 millones de pesos. Los honorarios de los abogados, según el acuerdo, debían ser pagados por el abusador.

¿Cómo se gestó el despojo?

Según la denuncia, los hermanos Aydar impidieron que la joven dispusiera del vehículo, que permaneció retenido hasta su venta forzosa el 12 de noviembre de 2025 por 33,5 millones de pesos. Luego, le aseguraron que su domicilio era inseguro, que se avecinaba un nuevo “corralito” financiero y que el abusador enviaría sicarios para recuperar el efectivo. Bajo esa presión, la joven accedió a trasladar 30 millones de pesos al estudio jurídico, sin firmar ningún mandato de administración, contrato de depósito, mutuo o fideicomiso.

A partir de ese momento, el dinero quedó bajo el control discrecional de los profesionales, quienes bloquearon el libre acceso de la titular a sus fondos. Cada vez que la joven necesitaba dinero para su hijo recién nacido, debía pedir autorización y rendir explicaciones por WhatsApp, según consta en actas notariales.

Préstamos sin autorización y honorarios extorsivos

La crisis estalló cuando Alfredo Aydar le notificó que había extraído diez millones de pesos para colocarlos en préstamos de mutuo a favor de terceras personas en Santiago del Estero, alegando un supuesto rendimiento de intereses. Además, pretendieron deducir 2.340.000 pesos en honorarios por procesos conexos de amenazas. Alfredo Aydar afirmó que habían presentado “más de 100 escritos” judiciales y que cada consulta costaba 650.000 pesos, una cifra que la denunciante calificó de mendaz y extorsiva, al constatar que solo había firmado dos presentaciones reales y que los abogados le habían garantizado que no le cobrarían honorarios.

Rechazo a un ofrecimiento de 12 millones

Ante la denuncia penal, la jueza Cynthia Rocha ordenó el allanamiento de los estudios y de la residencia de Alfredo Aydar, donde se secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares. Luego, los abogados intentaron una salida alternativa: ofrecieron 12.000.000 de pesos en efectivo para extinguir la acción penal, sin asumir responsabilidad. La joven rechazó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente y una maniobra para garantizar la impunidad.

La fiscalía busca determinar el destino final de los fondos: la tasación original de la camioneta (50 millones), el producido de su venta (33,5 millones), los desvíos a Santiago del Estero y las retenciones por honorarios no pactados.

Denuncia ante el Colegio de Abogados

El 3 de junio de 2026, la joven formalizó una denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán, calificando el accionar de los profesionales como un “claro ejemplo de abuso de confianza” y una violación a los deberes de lealtad, transparencia y buena fe fiduciaria. La presentación advierte sobre un “interés público prevalente” que impide cerrar el caso de manera simplista, argumentando que la gravedad institucional de que dos auxiliares de la justicia desapoderen a una víctima de abuso exige una investigación profunda.

Tras el allanamiento, Alfredo Aydar rechazó las imputaciones y sugirió una motivación política: “En el último tiempo creció fuerte mi ataque a políticos contra la corrupción. Habría que investigar si todo esto no está relacionado con mi actividad y tiene un origen político para desacreditarme”, aseguró.