Jaldo anuncia un cambio histórico para Tucumán: ¿Qué pasará con los organismos que llevan décadas intervenidos?

El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó una bomba institucional durante la apertura de la Asamblea Legislativa, declarando que 2026 será el año de las “transformaciones” en el Estado provincial. Su objetivo central: terminar con las intervenciones de al menos seis organismos públicos, algunas de las cuales se arrastran desde la década de 1990, un tema que ha generado décadas de polémica y disputas judiciales.

El anuncio fue realizado el 1 de marzo, marcando una hoja de ruta clara para su gestión. “Si el 2025 fue el año de la obra pública, el 2026 tiene que ser el año de las transformaciones en las instituciones de Tucumán”, afirmó el mandatario con contundencia.

¿Cuáles son los organismos “fantasma”?

La lista de entes que permanecen bajo la lupa del Ejecutivo es extensa y su antigüedad sorprende. El Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ipsst o Subsidio de Salud) lleva intervenido desde 1990. El Instituto Provincial de la Vivienda (Ipvdu) está en esa situación desde 1991.

La intervención del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) data de 1998. Para el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), el año clave es 2000. La Caja Popular de Ahorros fue intervenida en 2003.

El caso más reciente es el del Ente Único de Control de Servicios Públicos (Ersept), cuya intervención fue dispuesta recién en 2024. En todos ellos, las autoridades son designadas directamente por decreto del gobernador.

Un antecedente y una promesa repetida

Jaldo utilizó como ejemplo de lo que busca lograr la reciente regularización de las Juntas de Clasificación Docente, que estuvieron 17 años con integrantes designados por el Poder Ejecutivo. El gobernador cuestionó ese esquema, señalando que convertía las designaciones en actos discrecionales.

En conferencia de prensa, confirmó que mantiene conversaciones con el vicegobernador Miguel Acevedo, presidente de la Legislatura, para avanzar. “La decisión nuestra es tratar de normalizarlos de una vez por todas”, expresó, reconociendo que estas intervenciones llevan “muchos años”.

Una batalla de años que llegó a la Justicia

El reclamo por la normalización no es nuevo. En 2007, la Legislatura aprobó una ley para regularizar estos entes, pero el entonces gobernador José Alperovich la vetó. Promesas similares surgieron durante la gestión de Juan Manzur, sin concretarse.

La disputa escaló a los tribunales. En 2015, el ex legislador Alberto Colombres Garmendia presentó un amparo para exigir el levantamiento de las intervenciones en el Subsidio de Salud, el Ipvdu y el IPLA. En 2020, la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo le dio la razón y ordenó al Ejecutivo regularizar en 60 días.

Sin embargo, el gobierno de Manzur apeló. En 2024, la Corte Suprema de Tucumán dejó sin efecto aquel fallo. Ante esto, Colombres Garmendia anunció que llevará el caso a la Corte Suprema de la Nación, mostrando la complejidad del entramado legal que rodea este tema.

El anuncio de Jaldo reabre un capítulo histórico para la administración pública tucumana. La gran pregunta que queda flotando es si esta vez las palabras se transformarán en hechos, o si el ciclo de promesas, vetos y fallos judiciales volverá a repetirse.