Inyectan un salvataje millonario para evitar el colapso total: ¿Qué pasará con los usuarios?

Un anticipo de $2.000 millones busca amortiguar el impacto del aumento del gasoil en el transporte público de Tucumán, pero la solución es solo temporal y el sistema sigue al borde del abismo. La crisis entró en una fase decisiva tras una reunión clave en el Ministerio de Economía provincial, donde se delineó esta alternativa de emergencia destinada a cubrir futuras compensaciones tarifarias.

El abrupto incremento del combustible, que en pocas semanas pasó de unos $1.400 a cerca de $2.500 por litro, desordenó por completo la ecuación de costos de las empresas. Esto provocó recortes de frecuencias y advertencias sobre posibles ajustes más profundos, generando síntomas de colapso en el servicio.

¿Es suficiente este aporte provincial?

El desembolso de $2.000 millones aparece como un puente financiero para sostener el sistema en lo inmediato, más que como una solución estructural. Según trascendió, permitiría cubrir parte del mayor costo operativo derivado del gasoil, evitando -al menos por ahora- una profundización del conflicto que amenaza con paralizar el transporte.

Esta asistencia de fondos por parte de la Provincia alcanzará a todas las líneas y empresas que operan en la Capital y en el interior. Sin embargo, el alivio sería transitorio, ya que en la Casa de Gobierno anticipan que la discusión de fondo quedará para la próxima semana.

¿Qué postura mantiene el Municipio?

Mientras tanto, el Municipio de San Miguel de Tucumán se mantiene firme en su posición. La intendenta Rossana Chahla dejó en claro que no habrá nuevos subsidios sin una reestructuración “eficiente”, y desde su equipo remarcan que las empresas aún no presentaron información clave sobre costos y recorridos.

La decisión política es no seguir inyectando fondos sin cambios de fondo. En los hechos, la reducción de unidades en circulación -de 377 a apenas 250- ya impacta en la experiencia cotidiana de los usuarios, especialmente en horas pico.

¿Qué presión agrega el frente sindical?

Desde la UTA advierten que hay 3.100 puestos de trabajo en riesgo y denuncian atrasos salariales significativos. Los choferes aún no percibieron la totalidad de los haberes de marzo y arrastran una deuda cercana a los $650.000 por trabajador, con la amenaza de medidas de fuerza sobrevolando como telón de fondo.

El anticipo de $2.000 millones puede evitar un colapso inmediato, pero no despeja la incógnita de fondo: cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, a todas luces, ya no cierra.