Intendente de Misiones acusado de violación: el crudo relato que conmovió al juez y la orden de allanamiento
Una empleada del Concejo Deliberante rompió el silencio con un testimonio estremecedor. ¿Hasta dónde llegaron las presiones y qué encontró la Justicia en los allanamientos? Los detalles de la causa que sacude a un municipio misionero.
Una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay relató ante la Justicia una escalada de acoso que culminó en una violación dentro del propio municipio. El intendente Mario Darío Peyer, de 47 años, ahora enfrenta una grave causa por abuso sexual con acceso carnal y amenazas, mientras el gobernador Hugo Passalacqua le exige que se ponga a disposición de la Justicia.
La víctima, una mujer de 30 años y madre, ratificó su denuncia ante el juez de Instrucción de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez. Su testimonio detalló los hechos que, según su relato, comenzaron el año pasado tras su reintegro laboral.
¿Cómo comenzó el acoso?
El primer episodio que la mujer situó ocurrió el 8 de julio. El intendente Peyer la convocó a su despacho para preguntarle sobre una sesión del Concejo. Al contarle un cruce con un asesor, el funcionario la tomó de las manos diciéndole “quedate tranquila, no te preocupes”, un gesto que la incomodó profundamente.
Sin embargo, la situación escaló dramáticamente el 6 de septiembre. Según el relato judicial, Peyer se acercó al Concejo con obsequios por el día de la secretaria. Al entregarle una caja de bombones, la aprisionó contra su cuerpo.
El relato de la agresión
La víctima contó que, al intentar alejarlo, el intendente la arrinconó, le dio una cachetada y cerró con llave la puerta de la oficina. “Yo lo empujo y le digo que está por venir mi marido, pero él me dice que eso es lo que a él le gusta”, declaró la mujer.
El relato ante el magistrado describe cómo Peyer la empujó sobre un escritorio, golpeándole la cabeza contra el mueble. A pesar de sus intentos por pedir ayuda, el alcalde le tapó la boca y, según su versión, la violó. “No pude hacer nada”, afirmó la joven, visiblemente angustiada durante la declaración.
La amenaza posterior fue clara: el intendente le habría dicho que la dejaría sin trabajo y pediría el traslado de su pareja si relataba lo sucedido.
La reacción judicial y política
Conmovido por el crudo testimonio, el juez Balanda Gómez actuó con celeridad. Dictó una orden de restricción perimetral contra Peyer y dispuso allanamientos en la sede comunal de Caraguatay, el Concejo Deliberante -lugar de trabajo de la víctima- y una requisa de la camioneta oficial del acusado.
El magistrado notificó al intendente del inicio de la causa y le prohibió tomar contacto por cualquier medio con la denunciante o su familia. Cabe destacar que no pudo ordenar su detención debido a la inmunidad que le otorga su cargo, aunque sí puede citarlo a indagatoria.
La respuesta política no se hizo esperar. El gobernador Hugo Passalacqua, quien hace casi tres semanas había publicado fotos junto a Peyer en sus redes sociales, realizó un contundente posteo público. “Ante la grave denuncia por abuso sexual… solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia”, expresó el mandatario provincial.
Los hechos posteriores y la amenaza
La empleada narró que, tres semanas después del episodio más grave, Peyer asistió a una sesión del Concejo y se sentó a su lado. “Ese día empezó a tocarme por debajo de la mesa. Yo me corrí para evitar la situación y la presidenta del Concejo le llamó la atención sin saber lo que había ocurrido días antes”, recordó.
Un dato escalofriante surgió sobre el último fin de semana, cuando la denuncia ya estaba radicada. La mujer indicó que, desde la camioneta oficial del municipio, Peyer realizó gestos amenazantes hacia su hija de 11 años mientras jugaba en la plaza. Este acto habría buscado intimidarla para que no ratificara la acusación.
Peyer deberá designar abogado defensor esta semana. La clave para una posible prisión preventiva reside en el Concejo Deliberante: si avanza con el desafuero del intendente, la Justicia podría ordenar su detención.
Caraguatay, el municipio involucrado, está ubicado en el departamento Montecarlo, a 178 kilómetros de Posadas. Su economía se basa principalmente en la actividad agroforestal y el cultivo de yerba mate.
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