Incendio en cárcel de Córdoba: La demora que selló el destino de dos reclusas y las preguntas que nadie responde

Un trágico incendio en un penal cordobés terminó con la vida de dos mujeres privadas de su libertad, y sus familias ahora exigen respuestas sobre una evacuación que habría llegado demasiado tarde. A dos meses del hecho ocurrido en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, los allegados a las víctimas impulsan una investigación exhaustiva que esclarezca las condiciones del establecimiento y la actuación del personal.

¿Qué pasó en Bouwer?

En la madrugada del 20 de diciembre de 2025, un incendio se desató en la cárcel de Bouwer, ubicada en las afueras de la provincia de Córdoba. Las víctimas fatales fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33. Ambas se encontraban alojadas en una celda de aislamiento al momento del siniestro.

Los familiares de las fallecidas han presentado un pedido formal para ser querellantes en la causa. Valeria Soledad Romero, madre de Agostina, expresó con crudeza el reclamo: “Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”. Su objetivo es que se investigue a fondo por qué otras internas fueron evacuadas antes que sus hijas.

Las denuncias que apuntan al Estado

Testigos del hecho aseguran que hubo una demora significativa en la apertura de las puertas de las celdas durante la emergencia. Los familiares aportaron detalles escalofriantes sobre el entorno carcelario: colchones altamente inflamables, la presencia de un encendedor y matafuegos que no estaban en condiciones de uso.

Según los allegados, “hubo pedidos de auxilio” por parte de las reclusas atrapadas, pero la respuesta del personal fue tardía. Esta demora crítica llevó a que la investigación judicial contemple figuras legales graves, como abandono de persona u homicidio agravado por abuso de función.

Los representantes legales de las familias fueron contundentes al señalar la responsabilidad estatal: “La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”.

La investigación avanza en los tribunales

La causa se tramita actualmente en los tribunales provinciales de Córdoba. La querella, representada por el abogado Diego Casado, presentó una serie de medidas probatorias para reconstruir los hechos con precisión.

Entre los pedidos más importantes se encuentran el análisis exhaustivo de los protocolos de actuación ante incendios, la verificación del estado y mantenimiento de todos los equipos de emergencia, y la identificación del personal que estaba de turno esa madrugada. También solicitaron el relevamiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad y la realización de pericias técnicas especializadas.

Además, la querella pidió la toma de declaraciones a testigos directos, otras internas que presenciaron los hechos y profesionales de la salud que intervinieron, para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido antes, durante y después del incendio.

La sombra de un posible encubrimiento

Una de las hipótesis más preocupantes que manejan las familias es la posibilidad de que haya habido intentos de coordinar o alterar las declaraciones del personal penitenciario. Sostienen que algunos agentes se habrían reunido con autoridades del establecimiento antes de prestar declaración ante la Justicia.

Esta situación genera serias dudas sobre la transparencia del proceso investigativo y podría indicar un posible encubrimiento de responsabilidades. Los familiares insisten en que este aspecto debe ser investigado con la misma rigurosidad que el hecho principal.

A dos meses de la tragedia, el reclamo de las familias se intensifica. Insisten en que la investigación debe agotar todas las vías posibles para que el caso no quede impune y se establezcan responsabilidades sobre lo que consideran una muerte evitable bajo custodia estatal.