Imputan a dos secretarias policiales por encubrir al ex jefe que usaba presos para construir su casa

La Justicia de Tucumán elevó la apuesta en la causa que investiga la utilización de detenidos como mano de obra privada. Dos suboficiales que trabajaban como secretarias directas del ex jefe de la Unidad Regional Norte fueron formalmente acusadas de encubrimiento agravado, por intentar ocultar pruebas antes de un allanamiento.

Las imputadas son una cabo y una sargento ayudante, de 30 y 53 años, que se desempeñaban bajo las órdenes de Gustavo Javier Beltrán. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, sostiene que actuaron en complicidad con las altas esferas de la dependencia para entorpecer la investigación judicial.

¿Qué hicieron las secretarias?

Según la acusación del auxiliar fiscal Federico Lizarraga, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025. Ese día, las secretarias se enteraron de que la Justicia investigaba a sus superiores por el delito de peculado.

Anticipándose a la llegada del Ministerio Fiscal a la Unidad Regional Norte, decidieron actuar rápidamente. “Se presentaron en la oficina del primer y segundo jefe respectivamente y retiraron objetos de su interior que podrían haber sido de interés para la investigación”, detalló Lizarraga en su exposición.

Tras la formulación de cargos, el tribunal dispuso que ambas mujeres cumplan medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de tres meses, mientras avanza el proceso en su contra.

El escándalo que intentaron tapar

El encubrimiento que se les atribuye buscaba ocultar un delito de mayor envergadura. La investigación central sostiene que, entre agosto y noviembre de 2025, el entonces jefe de la URN, Gustavo Beltrán, con la colaboración del segundo jefe, Sergio Marcelo Juárez, montó una logística ilegal.

La maniobra consistía en utilizar recursos del Estado para beneficio personal. Según la causa, Beltrán ordenó el traslado de cuatro detenidos que estaban alojados en las comisarías de Chuscha y Choromoro.

Para ello, Juárez autorizó la salida de dos efectivos policiales para que escoltaran a los presos. Sin embargo, el destino no era otra dependencia penal.

Los reclusos fueron llevados a la casa particular de Beltrán en la villa turística de El Cadillal. Allí, eran obligados a realizar tareas de albañilería, pintura y herrería, convirtiéndose en mano de obra privada y gratuita para el jefe policial.

Una red que se amplía

Con la imputación de estas dos secretarias, ya son nueve los efectivos policiales investigados en esta presunta red de corrupción dentro de la Unidad Regional Norte.

Actualmente, Gustavo Beltrán y Sergio Marcelo Juárez se encuentran cumpliendo prisión preventiva. La misma situación comparten el jefe de Infantería de la URN, Edim Roberto Nasser, y la jefa de personal, Fabiana Elizabet Villagrán.

Otros tres empleados policiales continúan el proceso en libertad, pero con medidas de coerción de menor intensidad. La causa, que sacudió a las fuerzas de seguridad tucumanas a fines del año pasado, sigue sumando capítulos y revelando nuevas aristas de un sistema de abuso de poder.