Gobernador exige medidas extremas tras ola de amenazas en escuelas: ¿Qué pasará con los responsables?

El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó un fuerte reclamo a la Justicia y a las instituciones educativas para que actúen con mayor firmeza y severidad frente a los alumnos involucrados en amenazas de tiroteos y portación de armas en las aulas. Su llamado busca evitar que situaciones de alto riesgo escalen hacia tragedias irreparables, en un contexto donde se registraron cerca de 90 denuncias por amenazas en los últimos días en Tucumán.

“Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacerlos responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata. No tomemos estas medidas cuando haya heridos o las discutamos sobre un féretro”, declaró Jaldo.

El tenor de sus palabras refleja el malestar en la Casa de Gobierno por las escasas o nulas consecuencias aplicadas en casos que encienden alarmas en el ámbito educativo. El mandatario enfatizó que no hay margen para la benevolencia o la flexibilidad en estas situaciones.

¿Qué medidas propone el gobernador?

Jaldo insistió en que quienes cometan delitos o intentos de delito deben quedar detenidos y ser expulsados de sus instituciones. “A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable que nadie quiere”, afirmó.

Además, advirtió que si la situación se agrava y sucede lo indeseado, las autoridades de turno podrían verse afectadas. Su postura surge tras conocerse incidentes recientes, como un estudiante que llevó una navaja a la Escuela de Comercio N°1, aunque alegó que fue un error.

Casos que preocupan a las autoridades

Otro caso que generó controversia fue el de un adolescente de 17 años al que una jueza revocó la prisión preventiva dictada por llevar un revólver calibre 38 a la escuela, sin que se produjeran incidentes. Estos eventos han intensificado la presión para una respuesta más contundente.

“El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz (donde funciona el instituto para menores Padre Brochero). Darle allí todo el acompañamiento, pero no puede poner en riesgo a un colegio”, arremetió el gobernador.

Su llamado subraya la urgencia de actuar antes de que se concrete un daño mayor, buscando equilibrar la responsabilidad penal con el apoyo necesario para los jóvenes involucrados, pero sin comprometer la seguridad escolar.