Fiscal federal pide indagar a diputado Cisneros y otros dos en una causa que nació del escándalo Vélez

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó que el diputado nacional Carlos Cisneros, la abogada Patricia Neme y el empleado de la Caja Popular Federico Petraglia sean citados a declaración indagatoria. El pedido se enmarca en una investigación derivada de la “causa Vélez”, que analiza posibles delitos de trata de personas. El juez federal Guillermo Díaz Martínez deberá ahora resolver si acepta el requerimiento.

La investigación federal se abrió a partir de datos que surgieron durante la causa provincial por la denuncia de abuso sexual presentada por Lourdes Parache contra futbolistas de Vélez Sarsfield. Aunque los jugadores fueron sobreseídos en ese expediente, el fiscal sostiene que aparecieron indicios que ameritan una pesquisa separada bajo la ley de trata de personas.

El fiscal presentó un dictamen de más de cincuenta páginas donde fundamenta su pedido. Además de la citación a indagatoria, requirió medidas de coerción personal, como la prohibición de salida del país para los tres involucrados, y una serie de diligencias probatorias para profundizar la pesquisa.

¿Cómo se llegó a esta instancia?

Todo comenzó con la denuncia de Lourdes Parache, quien relató que el 2 de marzo de 2024, tras un partido en el estadio de Atlético Tucumán, fue contactada por el arquero de Vélez, Sebastián Sosa, a través de Instagram. El encuentro posterior derivó en una denuncia por abuso sexual agravado contra Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

El juez provincial Augusto Paz Almonacid, tras extensas audiencias y pericias, resolvió sobreseer a los cuatro futbolistas al considerar que el encuentro fue consentido. Sin embargo, fue el mismo magistrado quien, al detectar posibles derivaciones federales en lo investigado, remitió el expediente al fuero federal.

El fiscal Vehils Ruiz tomó esos elementos y abrió una causa paralela. Su objetivo es determinar si, en el contexto de los hechos denunciados, existieron conductas vinculadas con la captación o explotación de personas en situación de vulnerabilidad, lo que encuadraría en la Ley 26.364.

La posición de la defensa del diputado

El abogado defensor del diputado Carlos Cisneros, Juan Andrés Robles, salió al cruce de las versiones públicas con un comunicado aclaratorio. Robles explicó que el dictamen fiscal es un “requerimiento de instrucción”, una etapa preliminar para avanzar en la investigación y garantizar el derecho de defensa.

El letrado fue enfático en aclarar dos puntos cruciales. En primer lugar, no existe ninguna resolución judicial que disponga o tramite el desafuero del diputado, por lo que sus inmunidades parlamentarias siguen vigentes. En segundo término, afirmó que Cisneros “se encuentra a disposición de la Justicia Federal” y colaborará con el proceso.

Robles remarcó que la prioridad de la defensa es que el caso se resuelva en el ámbito judicial, donde los hechos y las pruebas deben imponerse sobre cualquier especulación. Mientras tanto, la pelota está en la cancha del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien debe decidir si hace lugar al pedido del fiscal y convoca a los tres a declarar.

La causa federal, que nació de las sombras del escándalo que conmocionó al fútbol y a la provincia, podría así entrar en una nueva y decisiva fase, con un diputado nacional y otros dos actores bajo la lupa de la Justicia.