Fin a una disputa histórica: la Justicia Federal selló el acuerdo entre la UNT y YMAD

El conflicto histórico entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la distribución de utilidades provenientes de la actividad minera quedó formalmente concluido. El juez federal N°2 de Catamarca, Guillermo Andrés Díaz Martínez, homologó el acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes, poniendo punto final a un litigio de décadas que involucraba millones de pesos y el financiamiento de la Ciudad Universitaria.

El entendimiento había sido rubricado el 15 de diciembre pasado por el rector de la UNT, Sergio Pagani, y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Posteriormente, el 6 de enero, el Gobierno nacional formalizó su retiro de la conducción y administración de YMAD mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, transfiriendo la gestión operativa a Catamarca.

¿Cómo comenzó todo este conflicto?

El vínculo entre la casa de altos estudios tucumana y la minería se remonta al hallazgo del yacimiento Farallón Negro por parte de Abel Peirano, quien cedió a la universidad los derechos de explotación. La Ley 14.771 de 1958 creó YMAD y estableció que las utilidades se distribuyeran en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, destinado específicamente a la finalización de la Ciudad Universitaria.

Durante décadas, este esquema no generó mayores tensiones. Sin embargo, el escenario cambió a comienzos del siglo XXI cuando el flujo de utilidades aumentó de manera significativa tras la concesión del yacimiento a Minera Alumbrera.

El convenio que desató la polémica

En 2008, el entonces rector Juan Alberto Cerisola firmó un convenio que alteró la distribución original. Este acuerdo declaró concluida la Ciudad Universitaria y reasignó un 20% de las utilidades a otras universidades y otro 20% a la UNT con libre disponibilidad.

La universidad tucumana declaró la nulidad de ese acuerdo y promovió acciones judiciales contra YMAD para retrotraer la situación previa a 2008 y recuperar el 40% establecido por ley. La empresa minera resistió la pretensión y, por disposición de la Cámara de Apelaciones, el 20% destinado a otras universidades quedó depositado en un plazo fijo bajo la órbita del Juzgado Federal.

¿Qué establece el nuevo acuerdo?

El acuerdo conciliatorio homologado ahora pone fin a ese proceso judicial. En él, la UNT y la provincia de Catamarca acordaron restablecer el 40% de participación para la universidad, validar el “Acta interpretativa” firmada en 2024 y fijar que el crédito destinado a la Ciudad Universitaria equivaldrá a la construcción de 135.000 metros cuadrados.

Una vez cumplido ese objetivo, se retomará la distribución prevista originalmente: 60% para Catamarca, 20% para la UNT y 20% para el resto de las universidades. Además, se dispuso que los fondos depositados judicialmente sean entregados a la UNT, la cual constituirá un fondo de garantía a satisfacción de YMAD para responder ante eventuales reclamos.

Ese fondo se integrará con un 8% de las utilidades que le correspondan a la universidad. El acuerdo había sido previamente remitido al Juzgado Federal y obtuvo durante este año la aprobación de las Cámaras de Diputados y Senadores de Catamarca, así como del Consejo Superior de la UNT.

La nueva configuración de YMAD

Paralelamente, se firmó la modificación del acta de Farallón Negro, que redefinía la participación nacional en la entidad minera. La decisión del Poder Ejecutivo de declarar en 2023 la emergencia económica y afirmar que YMAD no integra la Administración Pública Nacional motivó su desvinculación del ente en el marco de la reducción de la estructura estatal.

A partir de esta nueva configuración, Catamarca y la UNT administrarán YMAD, que contrató a la firma especializada Golder Associate Argentina S.A. (WSP) para diseñar y ejecutar un plan de cierre de establecimiento y remediación ambiental. El acuerdo también deja de lado reclamos vinculados a la distribución de utilidades devengadas o futuras.

Los fundamentos del fallo judicial

En su fallo, el juez Díaz Martínez consideró que la demanda de la UNT cuestionaba la validez del convenio de 2008 por haber sido suscripto por una autoridad incompetente y sobre la base de antecedentes falsos. Asimismo, señaló que el 6 de enero las partes presentaron el acuerdo conciliatorio solicitando su homologación conforme al artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El magistrado destacó además que las partes asumieron responsabilidad e incluyeron una cláusula de indemnidad ante posibles reclamos de terceros, y que el entendimiento no vulnera el orden público, por lo que resultaba jurídicamente homologable. En consecuencia, declaró concluido el proceso judicial en los términos del artículo 309 del CPCCN, estableciendo las costas según lo pactado y difiriendo la regulación de honorarios hasta contar con base líquida y firme.

Con esta homologación, el acuerdo adquiere carácter de cosa juzgada, queda firme el nuevo esquema y la UNT recupera el crédito correspondiente al 40% de utilidades mineras. La finalización del financiamiento para la Ciudad Universitaria se producirá una vez alcanzada la meta de 135.000 metros cuadrados construidos, tras lo cual el Consejo Superior deberá definir el destino e inversión de los fondos que perciba la institución.