Femicidio en Salta: el sospechoso huyó en chancletas y la familia sospecha una fuga planificada

La desaparición del principal acusado por el brutal crimen de Natalia Cruz en Campo Quijano, vestido solo con una remera gris, pantalón corto y chinelas, genera más preguntas que respuestas en Salta. Nueve días después del femicidio que conmocionó a la provincia, la búsqueda de Orlando Serapio, expareja de la víctima, se topa con una inquietante hipótesis: la familia cree imposible que sobreviva solo en los cerros y sospecha que recibió ayuda para escapar.

Los allegados de Natalia Cruz sostienen con firmeza que Serapio no podría haber subsistido más de una semana en la zona montañosa sin agua, alimentos ni abrigo adecuado. Su teoría apunta a que el sospechoso contó con apoyo logístico de terceros, lo que le habría permitido huir hacia otros puntos, incluso cerca de la frontera con Bolivia.

Según los familiares, el acusado habría dejado su vehículo oculto, mantendría en su poder un teléfono celular y tarjetas que podrían ser rastreadas, además de haber recibido ropa y abrigo. “Él no pudo hacerlo solo”, es la frase que repiten con convicción, cuestionando la versión oficial que centra los rastrillajes en el área serrana.

¿Una protesta que refleja el hartazgo?

El malestar social se tradujo en una medida de fuerza contundente. Familiares y vecinos cortaron la ruta nacional 51 desde las 6.30 de la mañana, interrumpiendo la circulación con panfletos en mano. No fue un reclamo gremial ni político, sino una exigencia desesperada por avances concretos en la búsqueda del presunto femicida.

Algunos conductores inicialmente molestos por la interrupción cambiaron su actitud al conocer los motivos del corte. Sin embargo, la protesta dejó al descubierto un cansancio profundo frente a lo que perciben como falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades.

Azucena, hermana de la víctima, expresó con dolor una contradicción que sintetiza la sensación de abandono: cuando Natalia pidió ayuda antes del crimen, le informaron que no había personal disponible. Ahora, el lugar está colmado de efectivos. Los familiares aseguran que debieron salir a reclamar justicia por sus propios medios mientras el acusado sigue libre.

La respuesta policial y las dudas que persisten

Desde la Policía de Salta, el jefe Diego Bustos informó que 61 efectivos participan de los operativos de búsqueda, con apoyo de canes especializados. Reconoció que la compleja geografía de la zona montañosa dificulta las tareas y anunció que hay una investigación interna en marcha para determinar eventuales fallas, prometiendo novedades en las próximas horas.

No obstante, la familia cuestiona la estrategia. Insisten en que la búsqueda se concentra en un área equivocada y piden que se refuercen los controles en rutas hacia localidades como Güemes, La Caldera o caminos que conducen al norte provincial y a la frontera. El dato aportado por Belén, hermana de la víctima que vio huir al sospechoso en chinelas, se convirtió en un símbolo del desconcierto: si alguien en esas condiciones logra evadirse durante más de una semana, el problema trasciende al fugitivo.

Las denuncias previas que no evitaron la tragedia

En paralelo a la búsqueda, se abrió un frente investigativo para determinar por qué el día del crimen, el 17 de febrero, no había custodia policial pese a las denuncias previas por violencia de género. La pesquisa interna confirmada por Bustos apunta a establecer si existieron responsabilidades que pudieron haber evitado el desenlace fatal.

El director general de Investigaciones, Oscar Chocobar, se reunió con la familia y les comunicó que su área trabaja exclusivamente para localizar al acusado. Sin embargo, el reclamo también exige esclarecer la secuencia previa al femicidio, marcada por reiteradas alertas.

La primera presentación judicial se remonta a noviembre de 2025 y describía un hostigamiento persistente por parte de Serapio. Luego se dictaron restricciones perimetrales, ratificadas el 3 de febrero. El 9 de ese mes, el sospechoso habría ingresado por la ventana trasera de la casa en el barrio Luz y Fuerza, ocasión en la que Natalia logró escapar y acudir a la Policía. El 14 de febrero, la víctima amplió la denuncia y solicitó expresamente custodia fija.

Horas antes del crimen, el 17 de febrero, Natalia volvió a presentarse en la comisaría de Campo Quijano junto a su hermana. Allí le informaron que la orden de custodia para su vivienda había sido emitida, pero que no había efectivos disponibles para cumplirla, ya que se encontraban abocados a otras tareas operativas. Horas después fue brutalmente golpeada por su expareja, quien escapó del lugar; la víctima fue hallada con un cable alrededor del cuello y falleció poco después.

El caso instala una doble incógnita que estremece a la comunidad salteña: no sólo dónde se encuentra el principal acusado, sino también por qué los mecanismos de protección diseñados para estos casos no funcionaron a tiempo. Mientras los rastrillajes continúan, el grito por justicia pone bajo la lupa el accionar de todo un sistema.