Femicidio de Érika Álvarez: La hipótesis fiscal que complica a los imputados y abre nuevas incógnitas

La investigación por el brutal femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en enero en Yerba Buena, da un giro que agrava la situación de los acusados. La fiscalía sostiene que el principal sospechoso, Felipe “El Militar” Sosa, no actuó solo, una teoría que podría redefinir los cargos contra los otros tres detenidos. Sin embargo, esta línea aún carece de pruebas concluyentes, exponiendo las tensiones dentro del expediente judicial.

El fiscal Pedro Gallo fue contundente en su planteamiento: “El imputado, con la ayuda de otras personas no identificadas hasta el momento, acabó con la vida de la joven”. Esta afirmación marca el rumbo de la causa, pero contrasta con la falta de evidencia que permita identificar a posibles cómplices directos en el homicidio.

¿Qué se sabe sobre las últimas horas de la víctima?

Lo que sí está acreditado es el recorrido de Érika. La joven ingresó durante la madrugada del 7 de enero a la casa de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Horas más tarde, murió tras recibir una violenta golpiza. La autopsia fue categórica: presentaba lesiones severas en el cráneo, el rostro y la zona cervical, además de una mandíbula dislocada. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur.

¿Quiénes están detenidos y por qué?

En el expediente ya hay cuatro imputados. Felipe Sosa, detenido en Buenos Aires cuando presuntamente intentaba huir del país, está acusado de femicidio. Los otros tres permanecen con prisión preventiva acusados de encubrimiento: su pareja de entonces, la empleada judicial Justina Gordillo; su amigo Nicolás Navarro Flores; y Jorge Orlando “Chicho” Díaz, empleado de sus empresas. Hasta ahora, los investigadores no lograron reunir elementos que los vinculen directamente con la ejecución del crimen.

La hipótesis de una participación ampliada es vista por algunos sectores como una estrategia procesal para endurecer las imputaciones. Fuentes judiciales reconocen que esta línea podría modificarse, pero que, en su formulación actual, también compromete a quienes hoy están acusados solo de encubrimiento.

El oscuro entorno del principal acusado

El expediente expuso aspectos turbios del entorno de Sosa. En la última audiencia se confirmó que el acusado organizaba encuentros donde se combinaban relaciones sexuales grupales con consumo de drogas. Según declararon familiares, Érika era convocada a ese tipo de reuniones por su consumo de sustancias. Justina Gordillo, de acuerdo con los testimonios, no solo conocía esa dinámica, sino que también habría intervenido en la organización de esos encuentros.

¿Coinciden las partes en la investigación?

Las interpretaciones sobre la causa distan de ser unánimes. Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika, consideró que antes de buscar más responsables es necesario determinar con precisión el móvil del crimen. Incluso adelantó que impulsarán una presentación en la Justicia Federal para investigar una posible conexión con el narcotráfico.

Desde las defensas, hay coincidencia en un punto clave: no existen evidencias de que otras personas hayan estado presentes al momento del homicidio. Juan Pablo Bello, abogado de “Chicho” Díaz, sostuvo que la participación de su defendido, al igual que la de los otros imputados por encubrimiento, habría sido posterior al hecho. Los letrados de Navarro Flores aseguran que la víctima y Sosa estuvieron solos cuando ocurrió el crimen.

¿Qué nuevas pistas surgieron?

Mientras tanto, la causa sigue sumando elementos que abren nuevas incógnitas. Las declaraciones permitieron reconstruir movimientos posteriores al asesinato. Según Navarro Flores, el cuerpo de Érika permaneció al menos hasta la noche del miércoles en la vivienda de Sosa, oculto en el lavadero. También mencionó la presencia de un “cerrajero” que habría realizado trabajos en ese sector, aunque no pudo ser identificado.

Ese dato, sumado a los indicios de posibles maniobras para limpiar la escena y deshacerse de pertenencias de la víctima, refuerza la sospecha sobre una red de encubrimiento más amplia de la que inicialmente se había planteado.

Por ahora, la causa se mueve entre lo probado y lo supuesto. La fiscalía intenta sostener la hipótesis de una participación múltiple, mientras las defensas buscan limitar las responsabilidades al autor material. En el medio, la investigación acumula testimonios, contradicciones y silencios que todavía no encajan en una reconstrucción definitiva del femicidio que conmocionó a la provincia.