Falso abogado estafó a una compañera de trabajo: el inesperado acuerdo que evitó la cárcel

Un hombre que simuló ser abogado y estafó a una excompañera por una fortuna logró evitar el juicio penal, pero bajo condiciones estrictas que incluyen devolver millones y trabajar para la comunidad. La Justicia tucumana aceptó suspender el proceso a prueba, priorizando la reparación del daño económico a la víctima por sobre una condena inmediata.

Rubén Osvaldo Díaz, de 41 años, fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba por el juez Bernardo L’Erario Babot, del Centro Judicial Capital. La decisión judicial obliga al imputado a reparar el perjuicio causado y someterse a un riguroso control de conducta durante los próximos años para que la causa no avance.

¿Cómo fue la estafa?

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I a cargo de Diego López Ávila, reveló los detalles de la maniobra. Todo ocurrió entre junio y octubre del año pasado. Díaz contactó a una excompañera de trabajo apenas un mes después de que ella fuera despedida.

Aprovechando la situación de vulnerabilidad, se hizo pasar por abogado matriculado. Le ofreció representarla en un supuesto juicio por despido laboral y, además, le prometió gestionar trámites para una certificación de discapacidad y una pensión. La víctima, confiando en su palabra, realizó 16 transferencias bancarias que sumaron la abultada cifra de 17 millones de pesos.

Las condiciones para evitar la cárcel

Para acceder al beneficio, Díaz se comprometió a devolver 15 millones de pesos. El cronograma de pagos es exigente: debe abonar 5 millones durante marzo y luego cinco cuotas de 2 millones cada una, entre abril y agosto de este año. El fallo es claro: si la víctima no acepta el dinero, este será destinado a una entidad benéfica, y ella podrá reclamar el resto por la vía civil.

El juez L’Erario Babot dispuso la suspensión del juicio por un año. Además, fijó reglas de conducta para Díaz por dos años: debe fijar domicilio, abstenerse de portar armas, usar drogas o abusar del alcohol. Su defensa técnica estuvo a cargo del abogado José Sánchez Martínez.

Reparación a la comunidad tucumana

La sentencia no se limita a lo económico. Como parte de la reparación social, Díaz deberá realizar tareas comunitarias en la Fundación Manos de Amor y Solidaridad, en El Manantial. Su contribución será de dos horas semanales durante seis meses.

También se le impuso una donación de 100.000 pesos a la Escuela de Ajedrez Peón Rey de Tafí Viejo. Una medida clave de protección prohíbe terminantemente que se acerque a la víctima o a su familia en un radio menor a 200 metros, y le veda cualquier contacto por redes sociales, email o WhatsApp.

El seguimiento de todas estas obligaciones quedará a cargo de la Oficina de Control de Acuerdos y Reglas de Conducta. Como las partes renunciaron a apelar, la sentencia quedó firme de inmediato. La auxiliar fiscal Emely Rafael, quien participó en la investigación, había solicitado medidas para garantizar el proceso, que finalmente derivaron en este acuerdo reparador.