Fábrica tomada: el desesperado reclamo de 140 familias tras el pedido de quiebra de una marca de aires acondicionados

La fabricante Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedders, presentó su quiebra directa ante la Justicia y desvinculó a toda su planta en Río Grande. Los trabajadores, que denuncian salarios impagos y una fábrica vacía, tomaron las instalaciones exigiendo respuestas. Este caso se suma a la crisis que atraviesa el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

La decisión judicial marca el cierre formal de una compañía que supo ser un jugador relevante en el mercado de climatización. El impacto es directo en la planta de Río Grande, donde los reclamos gremiales se habían intensificado en los últimos días.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exigía definiciones sobre la continuidad operativa y el pago de los salarios de febrero, además de vouchers previamente acordados. Finalmente, los 140 empleados fueron despedidos.

¿Qué está pasando dentro de la fábrica?

Frente a esta situación, Maximiliano Uriona, delegado gremial de Aires del Sur, confirmó que la fábrica se encuentra tomada por los trabajadores “hasta que la patronal se siente a dar explicaciones”. En diálogo radial, el gremialista reveló una situación alarmante.

“La directiva en diciembre fue que limpiáramos la fábrica de productos terminados y hoy no tenemos ni un kit para armar”, aseguró Uriona. Y agregó: “Somos 140 familias que recibimos un 25 por ciento del salario y en algunos casos representa $80 mil pesos”.

Dos versiones sobre una misma crisis

Hasta noviembre pasado, la compañía habría estado en manos de Juan Pablo Guaita y su hermano Juan Ignacio. Un proveedor que pidió reserva de identidad lanzó una grave acusación: “Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos”.

La misma fuente denunció posibles testaferros y hasta una presunta quiebra intencional. Sin embargo, la actual conducción ofreció ante la Justicia una versión muy diferente.

Sostuvo que asumió en noviembre de 2025 “encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, producto de un modelo de financiamiento deficitario agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023.

Según detalló la empresa, el esquema habitual consistía en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior compra de insumos importados. “El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales”, afirmaron.

El intento fallido de salvataje con capital chino

En otro tramo del escrito, la firma señaló que el autofinanciamiento local implicaba tasas de entre 25% y 30% anual, mientras que los márgenes naturales del negocio rondaban entre 10% y 15% neto, una brecha insostenible.

El directorio aseguró haber impulsado un plan de saneamiento cuyo eje fue la búsqueda de un socio internacional. Desde noviembre de 2025 mantuvo negociaciones con el fabricante chino Chigo Group para incorporar un socio estratégico.

Las alternativas incluían la venta total de la firma o la cesión del 80% o del 50% del capital, con una inversión mínima prevista de u$s5 millones. El esquema proyectaba reemplazar el autofinanciamiento local por crédito de proveedor a 150 días.

También se contemplaba el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar la planta durante 2026. Sin embargo, el grupo asiático supeditó cualquier definición a una visita futura, una demora que la empresa calificó como “incompatible con la crítica situación financiera actual”.

El rechazo judicial que selló el destino

En paralelo, ADS presentó un Plan de Continuidad Productiva Controlada. Proponía utilizar 4.000 kits ya importados, terminarlos en la planta y destinar lo producido al pago de un proveedor por aproximadamente u$s500.000, a salarios adeudados y a un fondo indemnizatorio.

Este esquema requería control judicial, pero el 19 de febrero el juzgado rechazó la autorización solicitada. La empresa sostuvo que hoy “carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos, no posee financiamiento y se encuentra imposibilitada de sostener operativamente la estructura”.

Por ello, puso a disposición sus principales activos: la planta industrial en Tierra del Fuego, valuada por el Banco Nación en más de USD 15 millones, y los 4.000 kits arribados al Puerto de Buenos Aires, cuyo valor potencial rondaría los USD 2 millones.

Según la compañía, esos bienes “superan ampliamente” el pasivo actual, incluidos los créditos laborales. Fracasada la alternativa asociativa y descartada la continuidad productiva, el directorio concluyó que la quiebra constituye “el único curso legalmente responsable”.

Otro golpe al régimen de promoción fueguino

Ayres del Sur se suma a la lista de empresas radicadas en Tierra del Fuego como Mirgor, Telfu y Nissan que están en conflicto o, directamente, cerraron sus puertas. Esto ocurre tras la apertura de importaciones que anunció el gobierno nacional a mediados de 2025.

La zona está gravemente afectada porque, además de las condiciones climáticas del lugar, sin trabajo las familias se ven obligadas a mudarse. El Régimen de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego data de 1972, cuando se sanciona la Ley 19.640.

Sustituyó a un Área Franca por un conjunto de exenciones impositivas que fomentaba la radicación de industria y servicios, así como la ampliación poblacional de la región. Están radicadas más de 40 empresas electrónicas, con límites de alcance definidos.

Las compañías principales incluyen actores como Newsan, Radio Victoria y Mirgor. Aproximadamente 6.700 a 8.500 puestos de trabajo están vinculados directamente a la industria bajo el régimen especial fueguino.

El caso se inscribe en un escenario industrial más desafiante, marcado por la apertura comercial, la menor competitividad de la producción local y los altos costos financieros. En particular, el régimen de promoción de Tierra del Fuego atraviesa una etapa de redefinición crítica.