Exfutbolista y una red de profesionales acusados de montar un juicio laboral millonario

La Caja Popular de Ahorros presentó una denuncia penal por una presunta maniobra fraudulenta que podría haber generado un perjuicio de hasta $1.450 millones contra el Estado provincial. La acusación involucra al exjugador de San Martín, Adrián Arregui, y apunta a una posible asociación ilícita que incluiría a médicos, peritos y abogados.

La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana por el interventor Guillermo Alfredo Norry y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante, quienes ratificaron personalmente la denuncia. En el escrito se sostiene que existió un “plan criminal” destinado a obtener de manera irregular una indemnización millonaria.

¿Qué originó el reclamo?

El hecho que dio inicio al caso ocurrió el 15 de febrero de 2019, durante un partido entre San Martín y Belgrano de Córdoba. En ese encuentro, Arregui sufrió un golpe en el ojo derecho. Sin embargo, según la denuncia, el jugador recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a jugar apenas dos semanas después, en un partido frente a Lanús.

Para la Caja Popular, este rápido retorno a la actividad sería una de las principales pruebas de que no existieron secuelas incapacitantes de la magnitud que luego se reclamó en la Justicia. El organismo provincial sostiene que la incapacidad del 49,05% determinada judicialmente resulta “exorbitante”, inconsistente y sin sustento científico.

¿Estaba realmente cubierto?

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que, según la Caja Popular, Arregui ni siquiera estaba cubierto por esa póliza. Su situación contractual dentro de San Martín correspondía a la de un “aportante autónomo” bajo un régimen especial vinculado a la AFA. La institución sostiene que nunca debió responder como si se tratara de una ART, y que el reclamo judicial se construyó sobre una base ilegítima.

Tras su salida de Tucumán, el mediocampista continuó su carrera profesional en clubes del exterior como Independiente Medellín y Alianza Lima, donde habría superado distintos exámenes médicos sin que se detectara una discapacidad permanente.

¿Cómo operaba la presunta estructura?

El eje más grave del planteo oficial no pasa solo por el reclamo económico, sino por la presunta existencia de una estructura organizada para avanzar con el juicio. En la denuncia se menciona al médico auditor que habría dado el alta sin revisar al jugador, al perito oficial que fijó la incapacidad y a un estudio jurídico contratado durante la gestión anterior de la Caja para representar al organismo en el expediente tramitado en Quilmes.

Según se detalla, los abogados no contestaron la demanda, no ofrecieron pruebas y no presentaron recursos, una secuencia que dejó a la Caja en una posición de extrema vulnerabilidad dentro del proceso. Cuando fueron consultados, los letrados atribuyeron esa omisión a un “error involuntario”, una explicación que para la actual conducción del organismo resulta insuficiente frente a la magnitud del posible daño económico.

¿Qué se busca con la denuncia?

La presentación judicial encuadra todo este escenario como una “estafa en triángulo”, en la que habrían actuado de forma coordinada distintos actores con el objetivo de forzar una condena millonaria o, alternativamente, presionar para alcanzar un acuerdo extrajudicial. De hecho, en la denuncia también se menciona que el estudio jurídico habría sugerido cerrar el caso mediante un pago de $450 millones.

La Caja Popular advirtió que el perjuicio patrimonial podría ubicarse en una franja de entre $450 millones y $1.450 millones, según el desenlace del expediente. Por eso, además de impulsar la denuncia penal, solicitó medidas urgentes para frenar el avance del juicio laboral que se encuentra en una etapa clave.

Entre esos pedidos, el organismo requirió la suspensión de los plazos procesales y la postergación de la audiencia de alegatos prevista para el 24 de abril de 2026, al considerar que antes debe investigarse si todo el proceso estuvo contaminado por una maniobra fraudulenta.

La ofensiva judicial también busca que intervenga una unidad fiscal especializada para profundizar la pesquisa y determinar si efectivamente existió una organización destinada a defraudar al Estado provincial a través de demandas judiciales supuestamente armadas.