Ex jefe policial de Tucumán condenado a prisión: usaba detenidos como albañiles en su casa

Un ex comisario de alto rango cruzó una línea que lo llevó directo a la cárcel. Gustavo Javier Beltrán, quien fuera titular de la Unidad Regional Norte, recibió una condena firme por desviar presos para trabajos forzados en su propiedad privada. La justicia tucumana no solo lo enviará a prisión, sino que le impuso una inhabilitación perpetua que marca un precedente severo.

La sentencia, dictada mediante un juicio abreviado, estableció una pena de tres años y un mes de prisión efectiva para Beltrán. Además, el tribunal ordenó su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier cargo público en el futuro, cortando de raíz su carrera dentro del Estado.

Como parte de la reparación económica por los delitos cometidos, la justicia también decretó el decomiso de un cuatriciclo que estaba en su poder. La condena lo encuentra culpable de una serie de figuras penales graves que pintan un cuadro de abuso sistemático.

¿De qué se lo acusó exactamente?

El ex funcionario fue hallado responsable de peculado de uso y de servicios, en concurso con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A estos cargos se sumó la falsificación de instrumento público, un delito que permitió encubrir el resto de sus maniobras.

Según los detalles aportados por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Beltrán montó un verdadero esquema irregular aprovechando su jerarquía. Desde su puesto, ordenaba traslados de detenidos sin contar con la autorización judicial correspondiente, requisito fundamental para ese tipo de procedimientos.

Una vez que tenía a los detenidos bajo su control, los destinaba a realizar tareas de construcción y albañilería. Estos trabajos no se limitaban a dependencias policiales, sino que, de manera más grave, incluían su domicilio particular ubicado en la localidad de El Cadillal.

El modus operandi y los recursos del Estado

Para llevar a cabo este sistema, el ex comisario utilizó y desvió recursos públicos de manera fraudulenta. Empleó móviles policiales, combustible pagado por el Estado y personal bajo su mando para fines completamente ajenos a la función pública para la que estaban destinados.

La investigación logró comprobar que, para cubrir las huellas de estos traslados ilegales, se asentaban datos falsos en el libro de guardia de la unidad policial. Esto constituyó la base para la acusación por falsificación de instrumento público.

Uno de los hechos específicos que se logró reconstruir ocurrió el 11 de noviembre de 2025. Ese día, en los registros se asentó de manera falsa el traslado de detenidos a una comisaría. La realidad era muy distinta: fueron llevados a una vivienda en construcción en El Cadillal, donde realizaron trabajos por orden expresa de Beltrán.

Antes de que se conociera la resolución condenatoria, el ex jefe policial reconoció su responsabilidad ante el tribunal. En un gesto de arrepentimiento, pidió disculpas y afirmó que su accionar no solo lo había perjudicado a él personalmente, sino que también había dañado a la institución policial y a su propia familia.

El caso sienta un fuerte precedente en la provincia sobre el límite del abuso de autoridad y el uso indebido de recursos públicos, culminando con la caída de un oficial que confundió su poder con impunidad.