Estados Unidos interviene a favor de Argentina en el juicio por YPF: ¿Qué pidió el gobierno de Trump?

En un giro de alto impacto para la defensa soberana, la administración de Donald Trump respaldó formalmente a la Argentina en su batalla legal en Nueva York. La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, recibió un apoyo crucial del Departamento de Justicia de EE.UU., que intervino ante una corte para frenar las exigencias de los fondos buitre sobre las reservas de oro y comunicaciones oficiales.

El respaldo estadounidense se materializó a través de un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El documento, impulsado por Pam Bondi, una figura central del equipo de Trump, avala la moción de emergencia argentina para suspender el proceso de *discovery* (exhibición de documentos) ordenado tras la sentencia del caso YPF.

¿Por qué Estados Unidos tomó partido?

La posición norteamericana es clara: considera que las solicitudes de los fondos litigantes son “excesivamente invasivas” y violan principios de cortesía internacional. El escrito oficial advierte que este tipo de procesos contra estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos”.

El argumento clave es el de la reciprocidad. El Departamento de Justicia alertó que permitir este nivel de intromisión judicial podría sentar un precedente peligroso, habilitando a tribunales de otros países a imponer medidas similares contra los propios Estados Unidos en el futuro.

El corazón del conflicto: el oro y los mensajes privados

La fricción se centra en la naturaleza de lo que los demandantes pretenden obtener. No se conforman con documentos financieros; han exigido acceso a las comunicaciones privadas de altos funcionarios del gobierno argentino y, de manera más sensible, precisiones sobre la ubicación física de las reservas de oro del Banco Central.

Frente a esto, la postura argentina ha sido tajante. Sostiene que dichos activos gozan de inmunidad soberana por pertenecer a una entidad jurídica separada, protegida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de EE.UU. El gobierno norteamericano coincidió en que exigir información en áreas tan sensibles, bajo amenaza de sanciones, genera una “fricción significativa con gobiernos extranjeros”.

Un respiro estratégico en medio de la batalla

Este apoyo llega en un momento clave para la estrategia jurídica argentina. Recientemente, el país logró un principio de acuerdo con Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores con reclamos activos por el default de 2001. Este entendimiento, informado a la jueza Loretta Preska, permite aislar el litigio de YPF.

El equipo de Sebastián Amerio puede ahora concentrar todos sus recursos técnicos y diplomáticos en esta causa específica, mientras fortalece el vínculo con la nueva administración en Washington. La intervención de EE.UU. solicita al tribunal que, antes de ratificar la audiencia probatoria fijada para fines de abril de 2026, considere el interés público y el impacto en la política exterior.