Escándalo judicial en Miami: los dueños de lujo del Aston Martin demandan al hijo del magnate Alfredo Coto

Un rascacielos de lujo en Miami, promesas de amenities exclusivas y una demanda que acusa a la desarrolladora del hijo de Alfredo Coto de prácticas cuestionables. Los propietarios del icónico edificio Aston Martin, construido por G&G Business Developments, cuyo CEO es Germán Coto, presentaron una denuncia civil por presuntos incumplimientos y sobrefacturación de servicios. La presentación judicial, realizada en el Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, involucra a 25 partes, entre personas y sociedades.

¿Qué prometieron y qué no cumplieron?

La demanda indica que los compradores adquirieron sus unidades, que costaron entre 1,5 y 20 millones de dólares, basándose en promesas de lujos como una marina, un helipuerto y beneficios en clubes de playa. Sin embargo, según el escrito, estos servicios no se habrían materializado o serían deficientes. El helipuerto en la terraza, por ejemplo, nunca se construyó, pero la venta de unidades continuó sin informar a la comunidad.

El club de playa, que incluía un yate para transportar a los residentes, también está en el centro de la controversia. Los propietarios afirman que la embarcación se hundió en una ocasión y que, a pesar de ello, se les sigue cobrando el mantenimiento del muelle. La demanda reclama daños y perjuicios, la rescisión de contratos y una rendición de cuentas judicial.

Las acusaciones de “autocontratación”

Los abogados de la asociación de propietarios, Ariella Gutman de Haber Law y Michael Díaz Jr., presidente de la Junta, detallaron las presuntas irregularidades. La denuncia habla de “prácticas generalizadas de autocontratación (‘self-dealing’) y violaciones estatutarias”. Según los letrados, la desarrolladora habría creado empresas para las operaciones del edificio antes de ceder el control a los propietarios, obteniendo un beneficio económico significativo.

Michael Díaz Jr. afirmó que la junta directiva anterior, controlada por la desarrolladora, no habría cumplido con su obligación de buscar distintos contratistas para seleccionar el mejor precio y servicio. “Solo habrían buscado personas cercanas a ellos. Hay suficientes pruebas y testimonios sobre esto”, sostuvo.

Problemas con seguridad y conserjería

La contratación de una empresa de seguridad es otro punto conflictivo. Según la demanda, la firma contratada podría no haber tenido en regla las licencias para portar armas y la documentación migratoria requerida por la ley de Florida. Díaz afirmó que esas credenciales habrían sido adulteradas.

En cuanto a la conserjería, la abogada Gutman explicó que las facturas presentaban cargos muy altos con descripciones genéricas que no cambiaban. Además, una compañía administrativa cobraba un sobrecargo del 42%, algo que la representante legal calificó como fuera de lo común. Estas anomalías se habrían dado durante aproximadamente un año y medio.

El cambio de control y el camino judicial

La situación comenzó a cambiar el 5 de marzo del año pasado, cuando los propietarios lograron, por mayoría, tomar el control de la junta directiva en unas elecciones. Desde entonces, la nueva junta comenzó a revisar todos los gastos. “La comunidad está trabajando para correr a G&G de las operaciones y tener los servicios que debería tener. Queremos limpiar la imagen y seguir adelante”, resumió Díaz.

La demanda, de carácter civil, ahora inicia la etapa de presentación de pruebas o “discovery”. Los abogados explicaron que las partes están obligadas a intercambiar pruebas hasta que se celebre el juicio. Consultados por este medio, voceros de Coto respondieron que no tenían comentarios para hacer al respecto. Los propietarios aguardan que la Justicia de Florida haga lugar a su reclamo.