Escándalo en la cúpula policial: detenidos habrían sido usados como mano de obra en una casa de El Cadillal

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos solicitó extender la prisión preventiva de dos comisarios acusados de un hecho que conmociona por su gravedad institucional. Imputados de utilizar a personas privadas de su libertad para trabajos de albañilería en una propiedad personal, los oficiales enfrentan una causa que podría costarles su carrera.

El pedido de la fiscalía se realizó este lunes 9 de marzo durante una audiencia en la que se reformularon los cargos. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, y fue representada en la jornada por el auxiliar fiscal Federico Lizárraga.

¿Cuál es la teoría del caso?

Según la acusación, entre los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025, el entonces jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán, habría dispuesto traslados irregulares de detenidos. Los afectados fueron identificados como José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro.

Estos hombres, que debían permanecer alojados en las comisarías de Chuscha y Choromoro, fueron llevados a la sede de la URN en Tafí Viejo, ubicada en 9 de Julio y Monteagudo. La Fiscalía sostiene que estos movimientos se realizaron sin autorización judicial y sin el registro correspondiente en los libros de la dependencia.

El destino final: una casa en construcción

El punto más grave de la investigación se centra en lo ocurrido el 11 de noviembre de 2025. Ese día, los sargentos Luis Roberto Trejo y Osvaldo Lucas Tizeira, de la URN, trasladaron a los detenidos Sarapura y Romano en el móvil policial TUC-330.

El vehículo, utilizando combustible provisto por el Ministerio de Seguridad, tuvo como destino una casa de veraneo en construcción ubicada en El Cadillal. La propiedad, que se encontraba sin moradores, es de Gustavo Beltrán.

Allí, según la teoría del caso, los detenidos habrían sido obligados a realizar tareas de albañilería por orden directa del comisario, constituyendo un claro beneficio personal del funcionario con recursos del Estado.

La complicidad al descubierto

La investigación no solo apunta a Beltrán. El rol del comisario Sergio Marcelo Juárez, quien era el segundo jefe de la URN al momento de los hechos, fue crucial según la fiscalía. Se le atribuye haber tenido pleno conocimiento de la maniobra y haber prestado una colaboración necesaria para su concreción.

La acusación detalla que Juárez autorizó y organizó las salidas de los efectivos Trejo y Tizeira con los detenidos hacia la vivienda de Beltrán. En esa propiedad, los privados de libertad realizaban tareas de albañilería, pintura y herrería.

Tras la reformulación, la conducta de Juárez fue encuadrada provisoriamente en los delitos de peculado de uso y de servicio, en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Consecuencias graves y un futuro incierto

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente. Sostuvo que los delitos atribuidos podrían derivar en la desvinculación total de la fuerza policial y la pérdida de todos los beneficios institucionales para los imputados.

Para la Fiscalía, Juárez habría actuado como partícipe necesario en el delito de peculado atribuido a Beltrán y como autor de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública.

Ahora, la Justicia debe resolver si hace lugar al pedido de prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva de ambos comisarios. La decisión marcará el rumbo de una investigación que ha expuesto una trama de abuso de poder al interior de una unidad policial clave de Tucumán.