Escándalo en el TOF de Tucumán: denuncian que jueces subrogantes destruyeron pruebas de causas federales

Un secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán presentó una denuncia penal que sacude los cimientos del sistema judicial. Hugo del Sueldo Padilla apuntó directamente contra los jueces subrogantes, a quienes acusa de haber retirado y destruido pruebas de causas en trámite durante un operativo de limpieza en el subsuelo del edificio.

La denuncia, radicada el 12 de junio ante el fiscal federal Agustín Chit y luego derivada a Rafael Vehils Ruiz, detalla que entre los elementos removidos había armas, documentación, dinero y estupefacientes pertenecientes a expedientes no concluidos. Todo ocurrió sin respetar los mecanismos legales de resguardo, según el funcionario.

¿Cómo comenzó todo?

El conflicto estalló a principios de mayo, cuando la jueza subrogante Cristina Giordano llegó desde Córdoba para integrarse al tribunal. El 11 de mayo, los magistrados Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano convocaron a Del Sueldo Padilla para reprocharle que hubiera impedido que Gendarmería retirara elementos secuestrados. El secretario respondió que la medida era ilegal. A partir de ahí, comenzó el retiro masivo de objetos almacenados durante décadas en el inmueble de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

Del Sueldo Padilla, quien lleva 33 años custodiando los secuestros judiciales, explicó que cada elemento era recibido, rotulado, inventariado y preservado para su uso en juicio. Durante una recorrida por el subsuelo, advirtió a Giordano que allí había pruebas de causas en trámite, con sentencias no firmes e imputados prófugos. La magistrada, según la denuncia, minimizó las advertencias y le pidió las llaves. El funcionario entregó todas, excepto la de un espacio donde se guarda documentación de la causa del exrector de la UNT Juan Alberto Cerisola.

Ese mismo día llegaron camiones de Gendarmería. Empleados judiciales recibieron instrucciones de separar elementos, primero de expedientes anteriores a marzo de 2020, y luego de todo el material almacenado.

La causa Ale y explosivos con espoleta

Uno de los puntos más sensibles es la causa Ale. Según Del Sueldo Padilla, empleados le advirtieron que entre lo retirado había pruebas de ese expediente, que no estaría concluido por un reenvío de la Cámara Federal de Casación Penal. Solo se rescataron algunas cajas de un secuestro de gran volumen.

Durante la madrugada del 12 de mayo, el prosecretario Adolfo García llamó alarmado a Del Sueldo Padilla. Estaba en el edificio con Gendarmería y la jueza Giordano. Según su relato, aparecieron armas, municiones y dos explosivos con espoleta colocada. Al consultar qué hacer, la respuesta atribuida a Giordano fue que los tiraran. Finalmente, Bomberos retiró los explosivos, pero sin actas ni registros formales.

Entre los elementos del subsuelo también había dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos, computadoras, estupefacientes y precursores químicos.

Expedientes rotos y camiones sospechosos

Del Sueldo Padilla denunció que, cuando ordenó formar un expediente administrativo para documentar lo ocurrido, la jueza tomó la carátula del sumario y la rompió. Además, tanto él como García intentaron alertar a los jueces Farías y Bothamley. García viajó a Santiago del Estero para reunirse con ellos y denunciar irregularidades.

El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal general Pablo Camuña, pidió información sobre la orden de destrucción, las normas aplicadas, el responsable del procedimiento y el inventario. Esos pedidos no habrían sido respondidos.

La denuncia incluye una acusación grave: según García, durante el traslado en camiones, personal que viajaba abrió bolsas y retiró objetos, entre ellos dinero y armas. La fiscalía deberá investigar.

Un conflicto institucional sin precedentes

La situación se agravó cuando Giordano solicitó nuevamente las llaves de la bóveda donde se preservaron algunos secuestros. Ese episodio fue el detonante final de la denuncia, que podría configurar abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público.

El caso expone una fuerte fractura interna en el tribunal y pone bajo investigación decisiones de jueces subrogantes. La fiscalía deberá determinar si los elementos retirados pertenecían a causas no concluidas y cuál fue su destino final.