Emergencia en Tucumán: El polémico proyecto que enfrenta al oficialismo y la oposición en la Legislatura

La declaración de una nueva emergencia económica y social en Tucumán genera un choque político en medio de la crisis por las inundaciones. El oficialismo busca aprobar este jueves un proyecto para otorgar amplias facultades al Ejecutivo, mientras un sector opositor lo tacha de “sobreactuación” y denuncia el fracaso histórico de estas herramientas.

La iniciativa, impulsada por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Carlos Gallia. El texto propone declarar la emergencia por 180 días para asistir a las familias damnificadas y recuperar las actividades productivas golpeadas por el temporal en el sur provincial.

¿Qué poderes otorga el proyecto?

El proyecto contempla facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo provincial. Entre ellas, se incluye la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, implementar programas de asistencia extraordinarios y otorgar ayudas económicas directas a los afectados.

El dictamen de mayoría fue acompañado por los legisladores Carlos Najar, Sandra Figueroa, Sara Lazarte y Hugo Ledesma. Incluso recibió un respaldo parcial de algunos sectores de la oposición, marcando un principio de consenso que, sin embargo, se quebró rápidamente.

La oposición que dice “basta”

Desde otro flanco opositor surgió un rechazo contundente. Claudio Viña, de Compromiso Tucumán, firmó un dictamen en minoría junto a José Cano, Walter Berarducci, Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz. Su argumento principal: la nueva ley es redundante.

Viña sostuvo que ya existe una ley de emergencia hídrica (la Ley 7.875 de 2007) que fue prorrogada múltiples veces y cuya vigencia se extendió hasta diciembre de 2026 mediante la Ley 9.941. “El fundamento principal es que ya existe una ley de emergencia hídrica”, afirmó el legislador.

¿Una “sobreactuación” de la emergencia?

El opositor remarcó que la legislación vigente ya habilita herramientas idénticas a las propuestas, como la reasignación de recursos y la suspensión de ejecuciones fiscales. Por ello, calificó el nuevo proyecto como una “sobreactuación de la emergencia”.

Viña lanzó una crítica más profunda sobre la eficacia de estas declaraciones. “La emergencia existe, porque hay gente inundada o viviendo al costado de la ruta. El problema es que las leyes de emergencia no funcionan o no se aplican correctamente”, afirmó. Advirtió que Tucumán se ha convertido en una provincia con reiteradas emergencias pero sin resultados estructurales visibles.

Este debate se cruza con cuestionamientos concretos sobre el manejo de los fondos. A fines de enero, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) presentó un pedido de informes para conocer en detalle cómo se ejecutaron los recursos asignados históricamente a la emergencia hídrica y social.

La sesión de este jueves promete ser un termómetro de la capacidad de acción política frente a la crisis. Mientras el oficialismo apura una herramienta que considera vital, la oposición exige rendición de cuentas y señala que el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación.