El vaciamiento del TOF que llegó al Consejo de la Magistratura: ¿qué pasó con las pruebas?

La diputada Elías de Pérez presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura para que investigue el polémico operativo de limpieza en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. El material retirado incluye armas, drogas y dinero de causas activas.

¿Qué denunció la legisladora?

El escrito dirigido a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, detalla los hechos ocurridos a principios de mayo. Por orden de la jueza subrogante cordobesa Cristina Giordano, se ejecutó un operativo de saneamiento en los subsuelos del edificio de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco.

Camiones de Gendarmería Nacional retiraron toneladas de materiales acumulados durante décadas: armas, muestras de drogas, dinero, muebles, computadoras y documentación de causas federales. Lo que comenzó como una tarea interna se convirtió en una controversia judicial.

Pruebas perdidas: el caso del alprazolam

Uno de los episodios más graves señalados por Elías de Pérez es la desaparición de 58 comprimidos de alprazolam secuestrados en una causa por estupefacientes. Esto obligó al fiscal Pablo Camuña a desistir de la acusación en un juicio oral por falta de evidencia material.

La legisladora advierte que la pérdida o destrucción de elementos probatorios puede vulnerar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Exige determinar si hay otras causas afectadas, especialmente aquellas con armas o estupefacientes bajo custodia.

Cambios en el tribunal

La presentación coincide con la renovación del TOF. La jueza Ana Carina Farías finalizó su subrogancia tras dos años, y fue reemplazada por Marta Liliana Snopek, magistrada salteña con experiencia en juicios de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de activos. Snopek fue clave en la implementación del sistema acusatorio federal en Salta.

El tribunal atraviesa su peor momento: a la polémica por el vaciamiento se suma una denuncia penal del secretario Hugo del Sueldo Padilla, pedidos de informes de la fiscalía y una crisis edilicia que obligó a cerrar una sede por riesgos de electrocución e incendio.

Elías de Pérez recordó que el Consejo de la Magistratura tiene facultades disciplinarias sobre magistrados federales y puede impulsar la remoción. Pidió un análisis riguroso de los hechos. Mientras tanto, la incógnita central persiste: ¿qué ocurrió con el material retirado y cuántas pruebas judiciales desaparecieron para siempre?