El teléfono que delató todo: las pruebas que complican a un empleado judicial en una causa por tráfico de influencias

El empleado judicial Luis Alejandro Ontiveros se enfrenta a una indagatoria clave este viernes 15 de mayo, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazara los planteos de nulidad presentados por su defensa. La causa, que investiga un presunto tráfico de influencias, se sustenta en pruebas halladas en su teléfono celular, entre ellas geolocalizaciones y capturas de pantalla de sistemas judiciales internos.

El origen del expediente se remonta al 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigación de la actual ARCA (ex AFIP), denunció que Ontiveros le habría exigido entre 80.000 y 100.000 dólares para favorecer la situación procesal de su hijo, Jerónimo Martínez Parada, investigado por estafas piramidales y lavado de activos en Catamarca. Según la denuncia, Ontiveros ofrecía “solucionar” el incidente de prisión preventiva invocando su influencia sobre la Cámara.

¿Qué encontraron en el celular?

Durante la audiencia ante un tribunal de alzada conformado por los jueces Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, la fiscalía expuso que el análisis forense del teléfono de Ontiveros reveló geolocalizaciones que lo sitúan en los bares y horarios relatados por el denunciante. Además, se hallaron notas digitales con claves de sistemas internos del Poder Judicial y seguimientos de causas ajenas a su labor profesional. Una captura de pantalla de un correo oficial del sistema Zimbra, de uso exclusivo judicial, contenía información sensible sobre el expediente del hijo del denunciante, lo que probaría el acceso indebido a datos reservados.

La fiscalía, liderada por Agustín Chit, sostiene que Ontiveros comercializaba una influencia basada en su estrecha relación con el camarista Mario Leal, de quien se presentaba como su “sobrino de corazón”. Su esposa, Solana Casella, es relatora exclusiva en la vocalía de Leal y aspira al Juzgado Federal N° 1. Además, dos hermanos de Ontiveros trabajan como secretarios privados del mismo magistrado.

La defensa intenta frenar la indagatoria

La defensa técnica, a cargo del estudio de Miguel Ángel Pierri, intentó desarticular la causa mediante planteos de falta de acción y nulidad, cuestionando el secuestro del celular y tachando de “agresivas e irracionales” las medidas de prueba. Sin embargo, los camaristas aún no resolvieron estos planteos. En paralelo, Pierri solicitó al juez federal José Manuel Díaz Vélez postergar la indagatoria fijada para este viernes 15 de mayo, alegando superposición con un debate oral en La Plata y compromisos en la causa por la muerte de Diego Maradona.

El magistrado fue contundente: resolvió no hacer lugar al pedido, recordando que la fecha ya había sido postergada por “única vez” y que el derecho de defensa puede garantizarse mediante un sustituto o codefensor. Ontiveros fue notificado el 25 de abril, con una antelación muy superior a la de los otros compromisos del defensor. La resolución advierte que la comparecencia se mantiene bajo apercibimiento de ley, lo que implica que la inasistencia podría derivar en el uso de la fuerza pública.

Tras esto, Pierri interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, insistiendo en la reprogramación. Mientras la defensa sostiene que se trata de un “montaje” para dañar la carrera de Solana Casella, el cúmulo de pruebas tecnológicas y patrimoniales obliga a Ontiveros a sentarse frente al juez este viernes para dar respuestas.