El Senado define hoy dos leyes que cambiarán el rumbo del país: reforma laboral y edad de imputabilidad

La Cámara Alta del Congreso vive una jornada histórica este viernes 27 de febrero. Con el cierre de las sesiones extraordinarias, el oficialismo busca convertir en ley dos proyectos emblemáticos y polémicos: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El debate promete ser de alto voltaje, con el peronismo votando en contra y movilizaciones en las puertas del Congreso.

¿Qué pasa con la reforma laboral?

El proyecto ya fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. Sin embargo, la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, por lo que hoy la Cámara Alta actúa como revisora. La principal novedad es la eliminación del artículo 44, que se refería a las licencias médicas por enfermedades. Esto significa que los empleados con enfermedades ajenas al trabajo recibirán el 100% de sus haberes.

La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero defendió la iniciativa: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”. En cambio, la oposición se muestra firme en su rechazo. La senadora Cristina López del bloque Justicialista criticó: “Este proyecto no contempla la vida real de quienes viven de su salario… Hoy nos quieren convencer de que retroceder es avanzar”.

La CGT anunció que no se movilizará hoy, pero sí irá a Tribunales la próxima semana para pedir la inconstitucionalidad de la ley. Por su parte, el sindicalismo combativo, encabezado por ATE y La Cámpora, sí realizará una protesta frente al Congreso.

El cambio en el Régimen Penal Juvenil

El otro gran tema de la sesión es el proyecto que baja la edad de imputabilidad. La iniciativa, ya sancionada por Diputados, estructura un nuevo régimen en once capítulos. Se basa en principios como legalidad, proporcionalidad y resocialización, estableciendo la prisión como último recurso. Los establecimientos para jóvenes estarán separados de los de adultos.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso. Se les garantiza ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Para delitos graves como homicidios, robos violentos o secuestros, la pena máxima será de hasta 15 años de prisión.

El proyecto también contempla penas alternativas para condenas menores a 10 años, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o prohibición de acercamiento a la víctima. En Diputados, la iniciativa se aprobó el 12 de febrero con 149 votos a favor y 100 en contra, y se espera un respaldo similar en el Senado.

La jornada parlamentaria cierra un período de sesiones extraordinarias marcado por intensos debates. El Gobierno de La Libertad Avanza confía en mantener los acuerdos con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para lograr la sanción de ambas leyes, que considera fundamentales para su agenda de gobierno.