El Senado debate hoy una reforma clave: ¿Qué cambiaría en la protección de los glaciares?

Un proyecto impulsado por el Gobierno nacional llega hoy al Senado con una propuesta que busca modificar la Ley de Glaciares. La iniciativa apunta a otorgar mayor poder a las provincias para decidir sobre el uso de estos territorios, un cambio que genera polémica entre ambientalistas y el sector productivo. La norma vigente, sancionada en 2010, protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, prohibiendo actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera que puedan dañarlos.

¿Qué dice la ley actual?

La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares, considerados bienes públicos y reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas. También protege el ambiente periglacial, es decir, las zonas de suelos congelados que influyen en la regulación hídrica.

La legislación creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Actualmente se contabilizan 16.968 glaciares en 12 provincias, con una superficie total estimada de 8.484 kilómetros cuadrados.

La norma prohíbe la liberación de contaminantes, la construcción de obras ajenas a la investigación científica, la actividad minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias en zonas glaciares y periglaciares. Las infracciones pueden derivar en multas, suspensión de actividades y sanciones a empresas y directivos.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto de reforma busca modificar ese esquema con el argumento de corregir problemas de interpretación que, según el Gobierno, generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas, especialmente mineras. La iniciativa pretende reforzar el denominado federalismo ambiental, dando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de los recursos ubicados en sus territorios.

Según especialistas y organizaciones ambientalistas, el cambio principal radica en que las provincias podrían tener mayor intervención en la definición de qué áreas deben considerarse glaciares o ambientes periglaciares, un criterio que actualmente depende principalmente de estudios científicos. En su visión, esto podría habilitar interpretaciones más flexibles sobre qué zonas quedan protegidas.

El vínculo con la minería y el cambio climático

El debate también está vinculado a la expansión de proyectos mineros en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, donde se concentran iniciativas vinculadas al litio y otros minerales. En Argentina, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y resultan clave para el abastecimiento de agua.

Más de un tercio del territorio continental está ubicado en cuencas que dependen del deshielo glaciar. Estudios científicos señalan que estos cuerpos de hielo están en retroceso debido al cambio climático. Investigaciones recientes indican que el glaciar Perito Moreno perdió unos 800 metros de frente entre 2020 y 2024, en un contexto de aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones.

Mientras avanza el debate legislativo, la discusión gira en torno a cuánto deben protegerse los glaciares como reservas de agua y qué nivel de actividad económica podría permitirse en las zonas cercanas. El resultado de la votación en el Senado marcará el rumbo de una política ambiental que afecta a recursos estratégicos para el país.