El “Rey de la Salada” vuelve a la mira: la Justicia revisará su polémica liberación
La Cámara Federal de Casación revisará el fallo que liberó al “Rey de la Salada”. ¿Qué pasó con los millonarios embargos y la acusación por lavado?
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el fallo que dejó en libertad a Jorge Omar Castillo, el conocido “Rey de la Salada”, y a una veintena de imputados por lavado de dinero y asociación ilícita. La medida se tomó tras admitir un recurso de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de La Plata, que había revocado los procesamientos y ordenado la excarcelación inmediata.
Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky dieron luz verde a la revisión del caso, que involucra a una megaferia ubicada en Lomas de Zamora. En abril de este año, los magistrados Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias de la Cámara platense habían dejado sin efecto los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio de 2025 por el juez federal Luis Armella.
¿Por qué ordenaron la liberación?
El tribunal platense consideró que la investigación carecía de “autonomía suficiente” y que el procesamiento resultaba “prematuro”. En consecuencia, ordenó la excarcelación de Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de personas vinculadas a las ferias Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo, y dejó sin efecto los embargos millonarios sobre sus patrimonios.
La fiscalía a cargo de Cecilia Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos estructuras criminales estables. Una, liderada por Castillo, Presa y Corrillo Torrez, se dedicaba a la explotación comercial de las ferias mencionadas. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña.
Según la acusación, ambas organizaciones se dedicaban a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, a la evasión tributaria sistemática y al lavado de los fondos obtenidos de manera ilícita. La fiscalía informó que solo en las cuentas de Punta Mogote S.C.A. ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025, recursos que habrían sido utilizados para adquirir inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
La Cámara de La Plata cuestionó con dureza la solidez probatoria de la investigación de primera instancia y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener los procesamientos por asociación ilícita y lavado de activos. Esa decisión generó la inmediata libertad de los detenidos y el levantamiento de las medidas cautelares patrimoniales.
Ahora, Casación analizará si corresponde mantener la falta de mérito dispuesta por sus colegas platenses o si, por el contrario, la causa debe continuar su curso con los procesamientos vigentes. El recurso de la fiscalía Incardona fue admitido y la revisión está en trámite.


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