El reclamo de Alberto Lebbos: exige que se investiguen los vínculos de Sergio Kaleñuk con el narcotráfico

El padre de Paulina Lebbos denunció un “encubrimiento estructural” que involucró a sectores de la Policía, el Ministerio de Seguridad y la Justicia tucumana. A dos décadas del crimen de su hija, Alberto Lebbos volvió a cuestionar con dureza el accionar de las instituciones y señaló la existencia de maniobras para desviar la investigación, hipótesis falsas y una “destrucción planificada de pruebas”.

En una extensa entrevista, Lebbos reiteró que la cúpula policial de la época habría montado operaciones para obstruir el caso. Recordó haber presentado una nota al entonces gobernador José Alperovich denunciando a todo el Ministerio de Seguridad, mencionando a funcionarios como Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera.

Evocó un rastrillaje en la zona de San Andrés donde un jefe policial aseguró que habían ingresado a un cañaveral sin hallar nada. Sin embargo, Lebbos observó que las botas de los efectivos estaban limpias y las cañas no dobladas, interpretando que la búsqueda no se realizó de manera real.

¿Qué pasó con las pruebas clave?

Uno de los puntos más graves señalados por Lebbos fue el manejo de las pruebas técnicas. Afirmó que los cabellos hallados de su hija se deterioraron junto a la bioquímica Lilia Moyano. Además, denunció que el fiscal Carlos Albaca habría enviado a la empresa de telefonía el número IMEI del celular con alteraciones, lo que impedía identificarlo correctamente.

Las muestras de ADN permanecieron durante años en el despacho del fiscal sin ser analizadas, provocando que, al realizarse finalmente los estudios, los resultados fueran inconclusos. Para Lebbos, esto constituyó una “destrucción planificada de pruebas”.

Respecto del teléfono celular de Paulina, indicó que nunca apareció físicamente, aunque se detectó el uso del chip. Según su relato, se identificó que un hombre de apellido Gómez lo utilizó y que en la zona donde el equipo estuvo activo se encontraba Sergio Kaleñuk.

La línea de investigación que nunca se profundizó

Lebbos planteó la existencia de posibles vínculos entre Kaleñuk y César Soto, y sugirió que detrás de esas relaciones podría haber conexiones con el narcotráfico. Esto explicaría, a su juicio, la falta de avances en determinadas líneas investigativas.

También mencionó que Kaleñuk posee una vivienda en Los Aguirre obtenida por prescripción adquisitiva, mecanismo que consideró llamativo y que, según expresó, nunca fue investigado en profundidad.

Al referirse a la denominada “línea narco” del caso, recordó que durante el juicio surgieron referencias a Macarena Bordato, también imputada en otra causa paralizada. En esa causa se mencionó su vínculo con un narcotraficante relevante del norte argentino, presuntamente oriundo de Aguaray, ciudad de la que también proviene Virginia Mercado.

Añadió que el día de la desaparición de Paulina, Mercado recibió la visita de su hermana y un primo, lo que calificó como coincidencias que nunca fueron suficientemente analizadas debido a intereses “muy pesados”.

Críticas al sistema judicial y al Ministerio Público

Lebbos cuestionó duramente la utilización de juicios abreviados en la causa, al considerarlos un “escándalo jurídico” que termina beneficiando a funcionarios públicos acusados de encubrimiento. Mencionó en particular las condenas condicionales impuestas a Francisco Picón y Raúl Ferreira.

Según su interpretación, el otorgamiento de penas mínimas envía el mensaje de que encubrir delitos graves resulta barato en términos judiciales. En relación con el Ministerio Público Fiscal, reconoció la existencia de fiscales que actuaron con honestidad, como Diego López Ávila.

En contraste, calificó a Albaca como un fiscal que “envenenó” la causa y que durante años no fue controlado. Sobre el rol del Poder Judicial, manifestó que desconoce si existe plena conciencia de la gravedad institucional del caso.

Advirtió que cuando la Justicia no cumple sus propias sentencias se convierte en una ficción. Asimismo, reflexionó sobre los cambios sociales generados en estas dos décadas, mencionando la aparición de nuevas leyes y movimientos de defensa de derechos.

El impacto social y la lucha contra la impunidad

Lebbos recordó que durante años realizaron alrededor de 1.500 marchas todos los martes frente a tribunales. Este movimiento se vio afectado tras la pandemia por la irrupción de grupos vinculados al narcotráfico que intentaban instrumentalizar las movilizaciones.

Afirmó que el caso de su hija permitió que la sociedad tucumana perdiera el miedo a manifestarse. Señaló que antes del crimen de Paulina no eran habituales las protestas frente a tribunales y que, con el tiempo, comenzaron a aparecer numerosos casos de víctimas que se sumaban a los reclamos.

También destacó el impacto inicial de la reacción social, al señalar que la comunidad acompañó la búsqueda de su hija como si fuera propia. Esta presión incomodó al poder y dificultó, según su visión, el avance del encubrimiento.

Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo produjo desgaste, miedo y retraimiento en parte de la sociedad. Fenómeno que atribuyó a la persistencia de la impunidad y a un intento de disciplinamiento colectivo para desalentar futuras denuncias.

Finalmente, Lebbos sostuvo que mantiene la expectativa de que se llegue a conocer la verdad sobre quién mató a Paulina Lebbos. Reclamó que las instituciones funcionen y que los responsables rindan cuentas no sólo ante la familia, sino ante toda la comunidad tucumana que, según expresó, merece vivir sin un sistema marcado por la invisibilidad y la mentira.