El proyecto de Ley de Biocombustibles que enfrenta al Norte con el centro del país

El debate por la nueva Ley de Biocombustibles volvió a instalar una histórica disputa entre las provincias del Norte argentino y los principales polos productivos del centro del país. Durante una reunión de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, representantes de Santa Fe y empresarios del biodiésel expresaron reparos al proyecto oficialista.

La iniciativa, presentada por la presidenta del bloque oficialista Patricia Bullrich, cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y propone modificar el régimen actual de biocombustibles, que tiene vigencia hasta 2030, para establecer un nuevo esquema por los próximos 15 años. Si bien desde la Casa Rosada se sostiene que el proyecto busca promover la competencia y brindar previsibilidad a las inversiones, las críticas se concentraron en lo que consideran una contradicción entre el discurso de libre mercado y el contenido concreto de la iniciativa.

¿Qué cuestiona Santa Fe?

Los principales cuestionamientos llegaron desde Santa Fe, provincia que concentra una porción significativa de la producción nacional de biodiésel y de bioetanol elaborado a partir de maíz. Allí sostienen que el proyecto genera condiciones preferenciales para los ingenios azucareros del Norte, asegurándoles participación en el mercado durante una década y media.

Uno de los expositores más críticos fue Juan Rodil, subsecretario de Relaciones Institucionales del gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro, quien manifestó que la provincia encontró diversos aspectos preocupantes dentro de la propuesta oficial. Aunque reconoció la disposición al diálogo mostrada por funcionarios nacionales, Rodil señaló que Santa Fe viene trabajando con empresas, cámaras empresarias y productores para construir un esquema que permita desarrollar todo el sector sin generar privilegios para determinados actores.

El núcleo de la discusión: el bioetanol

El núcleo de la discusión gira en torno al bioetanol. Actualmente el corte obligatorio es del 12%, pero el proyecto del oficialismo propone elevarlo al 15%. Sin embargo, la distribución de esos porcentajes es lo que genera controversia. Según explicó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, el nuevo esquema mantendrá seis puntos reservados para la caña de azúcar y seis puntos para el maíz, mientras que los tres puntos adicionales quedarían abiertos a la competencia.

Para los críticos, allí aparece la denominada “doble vara”. Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa desregulaciones en distintos sectores de la economía, elimina regímenes especiales y cuestiona históricamente los esquemas de protección sectorial, en este caso establece una reserva de mercado garantizada para la producción azucarera del Norte durante los próximos quince años. Desde Santa Fe sostienen que si realmente se pretende avanzar hacia un mercado competitivo, la totalidad de la producción debería competir bajo las mismas condiciones, sin porcentajes asegurados por ley para ningún sector productivo.

¿Tratamiento diferenciado?

Las observaciones también alcanzan al tratamiento diferenciado entre el biodiésel y el bioetanol. Mientras el biodiésel deberá avanzar hacia un sistema más abierto y competitivo, el bioetanol derivado de la caña de azúcar conservaría una protección explícita respaldada por la legislación nacional. Esta situación es observada con preocupación por empresas vinculadas al maíz y al biodiésel, que consideran que el proyecto beneficia especialmente a los gobernadores y a las economías regionales del Norte argentino.

Entre los principales beneficiarios aparecen Tucumán, Salta y Jujuy, provincias donde la actividad azucarera constituye uno de los motores centrales de la economía. En el caso de Tucumán, la producción de azúcar y alcohol representa una de las industrias más importantes de la provincia, con miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una fuerte incidencia en la actividad económica regional. Precisamente por ese peso económico y social, legisladores y gobernadores del Norte vienen reclamando desde hace años mecanismos que aseguren mercados para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar.

Del otro lado, sectores vinculados al maíz sostienen que la ley debería fomentar la competencia tecnológica y productiva sin establecer ventajas permanentes para ninguna materia prima. Durante el debate también surgieron apoyos a la propuesta impulsada por la senadora salteña Flavia Royón, ex secretaria de Energía, quien presentó una alternativa que varios legisladores consideran más equilibrada entre las empresas integradas —aquellas que controlan la producción de materia prima y la industrialización— y las no integradas.

El funcionario nacional Daniel González defendió la iniciativa oficial y aseguró que el proyecto fue elaborado luego de casi dos años de trabajo técnico. Además, sostuvo que petroleras y automotrices acompañan la propuesta porque brinda previsibilidad respecto de los porcentajes de mezcla y garantiza estabilidad regulatoria para futuras inversiones. No obstante, las críticas no se limitaron a Santa Fe. Representantes de cámaras empresarias vinculadas al biodiésel también advirtieron sobre la modificación anticipada de un régimen que actualmente se encuentra vigente hasta 2030, planteando dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones ya realizadas bajo las reglas actuales.

Detrás de la discusión técnica aparece una disputa económica y política de larga data entre dos modelos productivos. Por un lado, las provincias del Norte defienden la necesidad de sostener un esquema de protección para la industria azucarera y el bioetanol de caña, argumentando que se trata de economías regionales estratégicas que generan empleo y arraigo. Por otro, Santa Fe y sectores vinculados al maíz y al biodiésel reclaman que el Gobierno aplique los mismos principios de competencia que promueve en el resto de la economía y elimine los mecanismos que garantizan participación de mercado a determinados actores. Con el debate recién iniciado en el Senado, la discusión promete intensificarse en las próximas semanas. Lo que está en juego no es solamente el porcentaje de biocombustibles que se mezclará con los combustibles fósiles, sino también el reparto de un mercado multimillonario que enfrenta a las principales regiones productivas del país y que tiene a Tucumán y a la industria azucarera en el centro de la polémica.