El polémico proyecto que borra una calle en San Pablo y enciende alarmas urbanísticas

Un terreno de 650 metros de largo por 10 de ancho, destinado originalmente a una calle entre San Pablo y El Manantial, fue desafectado del dominio público por la Legislatura tucumana. Especialistas advierten que la medida podría favorecer intereses privados y profundizar la fragmentación urbana, mientras el Ejecutivo decide si promulga la ley.

La iniciativa, impulsada por el legislador Mario Leito, fue aprobada por mayoría en la última sesión legislativa. Según Leito, el espacio nunca funcionó como calle y su desafectación permitiría regularizar tierras de unas 80 familias de Ohuanta y El Manantial. Sin embargo, el proyecto también contempla un convenio con la empresa Citrusvil para la cesión de terrenos compensatorios, aunque ese acuerdo no está formalizado.

¿Por qué preocupa a los expertos?

La arquitecta Marta Casares, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, calificó la decisión como “regresiva” y señaló que “la urbanización avanza por fragmentos y la planificación pública llega tarde”. Para Casares, el terreno no es un remanente sin valor, sino una reserva estratégica de conectividad en una zona de alta presión inmobiliaria.

La doctora María Paula Llomparte Frenzel, investigadora del Conicet, coincidió en que el debate trasciende el caso puntual y alertó sobre la falta de una estrategia integral para ordenar el crecimiento urbano. “La eventual cesión de la calle podría consolidar nuevas barreras físicas y funcionales”, afirmó.

El riesgo de perder la única vía de escape

Durante el debate, el legislador opositor Manuel Courel advirtió que ese corredor podría ser la única salida disponible en casi 2,5 kilómetros de urbanizaciones cerradas entre las rutas 301 y 338. Casares reforzó la idea: “Las trazas públicas tienen valor no solo por su uso presente, sino por su función estructurante futura”.

Llomparte Frenzel también cuestionó el modelo de movilidad centrado en el automóvil y alertó sobre la “gentrificación verde” en el pedemonte tucumano, donde barrios privados de alto impacto promueven desmontes y alto consumo de agua, mientras persisten déficits de infraestructura en otros sectores.

Contradicción con políticas oficiales

Casares recordó que el Gobierno provincial creó en 2025 el Procedimiento de Autotutela Administrativa de Inmuebles del Estado y el Registro Único de Bienes Inmuebles, mediante los decretos 3664 y 3665. “La protección del patrimonio público no puede ser selectiva”, sostuvo, y recomendó al Ejecutivo no promulgar la norma.

“No se trata solamente de una calle. Lo que está en discusión es el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán pretende construir para las próximas décadas”, concluyó Casares.