El plan que el Gobierno quería eliminar recibió un golpe judicial: ¿qué pasará ahora con los beneficiarios?

Una decisión judicial obligó al Gobierno a mantener en pie un programa social clave, desafiando sus planes de reformulación y dejando en vilo el futuro de cientos de miles de personas. Aunque las autoridades anunciaron que acatarán el fallo, ya preparan una apelación para intentar dar vuelta la situación, generando incertidumbre sobre el destino final de las ayudas.

El juez federal Adrián González Charvay, con sede en Campana, fue quien dictó la resolución que frenó en seco la intención del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo. El magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la supresión del plan, lo que en la práctica significa que el esquema actual debe conservarse hasta que se resuelva el fondo de la cuestión en los tribunales.

Este programa alcanza a más de 900 mil beneficiarios, quienes reciben un ingreso mensual de $78.000. La decisión judicial implica que, por ahora, estas transferencias se mantendrán vigentes, tal como estaban diseñadas originalmente, pese a los intentos del Gobierno por reformular el sistema.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno?

Frente al revés judicial, el Ejecutivo confirmó que acatará el fallo, pero no se quedará de brazos cruzados. En paralelo, avanzará con una apelación para intentar revertir la medida y retomar sus planes de modificación del programa. Esta doble estrategia –acatamiento inmediato y lucha legal a futuro– marca un pulso entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre la política social.

La apelación buscará anular la medida cautelar y permitir que el Ministerio de Capital Humano proceda con la reformulación que tenía prevista. Sin embargo, mientras dure el proceso judicial, el programa continuará operando sin cambios, lo que genera un escenario de transición incierto para los beneficiarios.

El fallo no solo impacta en las arcas del Estado –que deberá seguir destinando fondos al plan– sino también en la planificación de las familias que dependen de este ingreso. La incógnita ahora es cuánto tiempo se extenderá esta situación y si la justicia finalmente dará razón al Gobierno o consolidará la vigencia del programa en su formato actual.